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¿Cuántos agentes de la fuerza pública han sido judicializados durante las protestas de Colombia?

Este viernes, la Fiscalía detuvo al agente que le disparó en la cabeza a un joven de 17 años, el pasado 28 de abril. El suceso se conoció por redes sociales.

Mientras las denuncias de brutalidad policial en Colombia se multiplican, en medio de las intensas protestas contra el Gobierno de Iván Duque, las actuaciones de la Fiscalía contra los agentes de la fuerza pública señalados como presuntos responsables, van a paso lento.

Este jueves, el Ministerio Publico anunció la judicialización del patrullero de la Policía Nacional Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de Marcelo Agredo, un manifestante de 17 años. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril, en Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Según videos difundidos ese día en redes sociales, el joven le dio una patada al uniformado, que se encontraba en una moto, y el agente inmediatamente sacó su arma y le disparó por la espalda. La Fiscalía anunció que había imputado al policía del delito de homicidio agravado, “cargo que no fue aceptado”.

Pero este no es un caso aislado. La ONG Temblores, que ha hecho un levantamiento de datos desde el inicio de las protestas, documentó hasta la fecha un total de 2.110 casos de violencia policial, y ha alertado que estas conductas forman parte de una actuación sistemática por parte de la fuerza pública.

ADVERTENCIA: Este video contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas.

En ese contexto, la organización cita con “preocupación” las declaraciones del presidente Iván Duque a medios internacionales, en las que dio un balance de apenas 65 procedimientos en contra de la fuerza pública, mientras que anunció la detención de unos 600 civiles por “actos vandálicos”. Para la organización, estas cifras son un reflejo de “la negación de la sistematicidad de la violencia policial”.

Balance de víctimas

El martes de esta semana, la Defensoría de Colombia contabilizaba 42 homicidios en el contexto de la protesta social en Colombia, entre ellos, 41 civiles y un uniformado.

Al día siguiente, la Fiscalía emitió un balance para confirmar 34 muertes, de las cuales solo 14 tenían “relación directa con las protestas”. Según el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuatro casos ya han sido esclarecidos: “Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas, y un homicidio que fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha”, indicó el Fiscal general, Francisco Barbosa.

No obstante, en su reporte más actualizado, la organización Temblores enumera 39 homicidios en el contexto de las protestas, que habrían sido perpetrados por agentes de la fuerza pública. Además, acumulan 362 denuncias de víctimas de violencia física, 1.055 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 442 intervenciones violentas de la policía, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos con armas de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género.

A ese panorama, se suman las denuncias por desapariciones. Hasta el 10 de mayo, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada había registrado al menos 379 personas sin localizar. Entretanto, la Fiscalía informó esta semana que mantenía el protocolo de búsqueda urgente para 168 ciudadanos, al tiempo que reportó la ubicación de 227 personas y desestimó 153 solicitudes por considerar que no estaban suficientemente sustentadas.

Contraste de judicialización

A pesar de que no hay coincidencia entre las cifras oficiales y los reportes de las organizaciones de derechos humanos, en cualquiera de los balances es evidente que la mayor parte de las víctimas son civiles, no uniformados.

Sin embargo, la Fiscalía ha adelantado más investigaciones por agresiones a la fuerza pública que por denuncias de personas civiles lesionadas. El Ministerio Publico detalló esta semana que se han abierto 547 investigaciones por 612 uniformados heridos en los disturbios, mientras que se ha procesado apenas 180 denuncias de civiles contra policías o militares por abuso de autoridad.

Además, la Fiscalía “tiene registro de 625 personas capturadas, de las cuales 152 fueron imputadas por delitos como obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial”. Por estos casos, se han impuesto medidas de “aseguramiento” contra 43 personas.

La actuación, que parece ser más rápida cuando se trata de agresiones a la fuerza pública, corresponde con las declaraciones del Fiscal, quien la semana pasada declaró: “Quiero ser enfático: investigaremos todas las agresiones de la fuerza pública contra la población civil, pero también seremos implacables con todas las agresiones que se cometen contra la fuerza pública y la Policía Nacional”.

En paralelo, el propio Ministerio Público ha admitido un “conflicto de jurisdicción”, en vista de que uno de los presuntos responsables del delito de homicidio contra un manifestante pertenece al Ejército, por lo que podría ser juzgado por la jurisdicción penal militar y no la civil.

“La Fiscalía plateó un conflicto de jurisdicción –sostuvo Barbosa– porque consideramos que esos casos, cuando se configure claramente esa violación de derechos humanos, en los casos concretos, son competencia de la Fiscalía General de la Nación y no voy a permitir que ningún caso, en donde existan esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia, vayan a la jurisdicción penal militar sino que estén en la jurisdicción ordinaria”.

Nazareth Balbás

 

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