Presidente peruano declina comparecer ante comisión parlamentaria

Reitera que no estuvo enterado previamente de la vacunación clandestina de sus exministras de Relaciones Exteriores, Elzabeth Astete, y Salud, Pilar Mazzetti, con excedentes de la vacuna sinopharm llegadas el año pasado para su ensayo clínico aquí, ni autorizó a ningún funcionario a inmunizarse.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que investiga a Astete y Mazzetti, quienes renunciaron en febrero pasado tras estallar el escándalo de las vacunaciones irregulares; así como al expresidente Martín Vizcarra, quien se inmunizó antes de ser destituido por sospechas de corrupción en noviembre de 2020.
El grupo legislativo tenía especial interés en interrogar a Sagasti sobre la versión de la excanciller Astete, de que informó previamente al mandatario de su decisión de vacunarse y él la autorizó a hacerlo.
‘Es absolutamente falso que haya autorizado o dado mi consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona’, señala al respecto la carta del presidente, citada por medios de prensa locales.
Agrega que ‘las circunstancias en las que fui informado de la irregular vacunación de dichos exfuncionarios (Vizcarra, Mazzetti y Astete) son de conocimiento público; y no tengo información adicional que aportar a esta investigación’.
Vizcarra admitió ante la prensa que recibió el entonces proyecto vacunal y lo propio hicieron las exministras en sus cartas públicas de renuncia, en las que ninguna mencionó que hubiera sido autorizada por el mandatario.
El presidente de la subcomisión investigadora, Ali Mamani, planteó al grupo que se realice un careo entre Sagasti y Astete, quien cita a Mazzetti como testigo de la supuesta anuencia presidencial, mientras la extitular de Salud no ha avalado la versión.
En el proceso abierto por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Vizcarra, Astete y Mazzetti -dos de un centenar de funcionarios ocultamente vacunados- arriesgan una sanción consistente en su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargos en el Estado.




