El legislativo dio el visto bueno a los cambios que modifican la ley con 69 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones.
Previo a la votación el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, explicó nuevamente algunas de las características de las propuestas y desmintió algunos elementos esgrimidos por la oposición para impedir la aprobación de las reformas.
Gutiérrez recordó que los cambios a la Ley 822 persiguen reordenar el sistema de impuestos del país sin afectar los planes sociales impulsados por el Gobierno sandinista, y retomar la senda del crecimiento económico por la que transitaba Nicaragua antes del intento de golpe de estado de abril de 2018.
Esto quiere decir, destacó, que se pueda mantener el respaldo del estado a los sistemas de educación y salud gratuitas, seguridad social, pensiones, y subsidios a productos y servicios de primera necesidad, construir más carreteras, electrificar a todo el país, entre otros programas que benefician a la mayoría de los nicaragüenses.
Diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Gutiérrez desmintió que a partir de las reformas suba el precio de los combustibles o sean gravados algunos productos de la canasta básica, y destacó el carácter participativo e inclusivo del proceso de consulta, donde todos esos puntos quedaron debidamente aclarados.
Entre las principales reformas que fueron aprobadas a la ley figura el alza del pago mínimo del impuesto sobre la renta de las empresas más grandes del país del uno por ciento hasta el tres por ciento, con el objetivo de incrementar las retenciones mensuales.
En consecuencia las micro, pequeñas y la mayoría de las medianas empresas mantienen el uno por ciento; las medianas de mayor renta pagarán el dos por ciento, y abonarán el tres por ciento anticipado de sus ingresos solo los grandes contribuyentes, unos 450 según cifras oficiales.
Gutiérrez aclaró que esta no era la reforma pensada para el momento, pero el intento de golpe y la oleada de acciones violentas de mediados de 2018 dejaron pérdidas a la economía valoradas en mil millones de dólares, el cierre de un gran número de empresas, y la consecuente pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.
