(PL) El canciller colombiano, Carlos Holmes, aseguró hoy que uno de los principales retos del proceso de paz en su país es lograr la efectiva implementación de programas para brindar seguridad a los más vulnerables.
También urge ofrecer mejor acceso a los bienes y alternativas que permitan a los ex guerrilleros alejarse de las economías ilegales, dijo el titular en su reporte ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz, pero hemos heredado una difícil situación en lo que respecta al crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia, señaló.
Por ello, añadió, se confiere tanta importancia a la lucha contra las economías ilegales, especialmente, el narcotráfico.
Actualemente, precisó Holmes, el Congreso colombiano avanza en discusiones sobre alternativas para darle sostenibilidad a la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016.
Según anunció, también se preparan proyectos para aprovechar los planes de desarrollo con enfoque territorial, que benficiarán a unos siete millones de personas.
El Gobierno de Bogotá considera que una de sus funciones es crear las condiciones y ejercer el liderazgo para que la comunidad internacional y el sector privado se involucren en la reincorporación económica y social de los excombatientes, detalló Holmes.
Ahora debe garantizarse -además- la justicia, reparación y no repetición para las víctimas y las iniciativas dirigidas a acabar con la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza, subrayó.
Del mismo modo, el Gobierno desarrolla un plan de acción para la protección y prevención de crímenes contra activistas, líderes sociales y periodistas, aseguró.
A juicio del canciller colombiano, el papel de seguimiento, soporte y facilitación de la ONU es de gran importancia para verificar la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016.
En la sesión de este miécoles del Consejo de Seguridad dedicada a abordar el proceso de paz en Colombia y el trabajo de la misión de ONU en ese país, se expresó gran preocupación por los continuos asesinatos de líderes y activivistas sociales.
Además, los miembros de esa instancia coincidieron en su posición de condena de los actos violentos del pasado 17 de diciembre contra una academia de policia en Bogotá.
