Por Néstor Rosa-Marbrell
‘Son demasiados los cuestionamientos que hay que traer a la discusión ante una propuesta peligrosa como esta’, dijo Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro 0.
La realidad es que la crisis fiscal del país ha impedido graduar nuevos agentes policiales, luego que miles han abandonado el cuerpo armado por jubilación y otros para buscar mejores oportunidades económicas y condiciones laborales en Estados Unidos.
A esto se agrega que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington al gobierno de Puerto Rico para controlar los mecanismos dirigidos al pago de la deuda pública de 73 mil millones de dólares, decidió restar 30 millones de dólares a la Policía de Puerto Rico, lo que ha llevado al cierre de decenas de cuarteles.
La portavoz de Kilómetro 0 alertó sobre el peligro de que, sin un proceso de consulta, se ponga en práctica por sectores privados una medida para crear una policía particular, a la que pueden servir los agentes activos empleando sus uniformes y armas de reglamento.
‘¿Cómo un grupo va a decidir por toda una comunidad imponiéndole un proyecto tan riesgoso como es una policía privada armada ocupando el espacio público, las calles que son de todos y todas, no solo de quienes viven en un edificio o propiedad?’, cuestionó.
Advirtió que ejercer la fuerza contra la ciudadanía es una responsabilidad inmensa, extrema, lo que incluso es difícil para la Policía de Puerto Rico, regulada como está, y con sus adiestramientos de la Reforma, que impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante reclamos de diversos sectores, en particular la comunidad dominicana, por violaciones a los derechos civiles.
La activista social planteó que cumplir con los reglamentos y protocolos de uso de fuerza justificada, proporcional, cuyos estándares impone el Departamento de Justicia federal y la comunidad internacional no resulta fácil para una compañía privada, cuyo fin es uno de lucro y no de bienestar social como debe ser la Policía de Puerto Rico.
Ante la proyectada privatización de la seguridad pública de los ciudadanos, tal como impulsa un sector en el Condado próximo al gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), Narváez alertó que cuando una entidad privada asume una función pública, también es responsable de ese ente público, para lo que difícilmente estén preparados, por lo que se pone en gran riesgo a las comunidades.
‘La policía privada protege a quien le paga’, aseguró la directora de Kilómetro 0, quien está certificada en práctica de supervisión policial de la Asociación Nacional de Supervisión Civil de la Aplicación de la Ley de Estados Unidos, al referir que en una sociedad hay que proteger a todas las personas por igual, incluidas aquellas que pueden parecer sospechosas debido a prejuicios sociales históricos.
Ante los argumentos de que hay que proteger a los visitantes extranjeros, la organización se preguntó a qué turistas les gusta visitar lugares en estado de sitio, donde hay policías privados armados en cada esquina.
‘No entendemos cómo esta propuesta puede ser atractiva para el turismo, por lo que es imperativo preguntarnos quién ganará con esta movida, quién se beneficiará, quién decidirá por la ciudadanía y qué intereses económicos hay detrás de esta propuesta.
Narváez afirmó que las comunidades tienen alternativas mucho menos riesgosas ante el problema de la criminalidad, mediante su propia organización y con mecanismos de comunicación como los chats y las redes sociales.
El alumbrado público, afectado desde hace un año por el huracán María, es otro factor vital para la seguridad de las comunidades y al Estado le cuesta muy poco repararlos para ponerlos en uso.
Exigir la atención de la Policía de Puerto Rico también es un asunto central en esta discusión, dijo, porque no hay que aceptar que diga que no tiene recursos, pues es su obligación.
