Según la propuesta del partido que lidera el expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados con un procedimiento especial y diferenciado que creará el Congreso en 18 meses.
Para el representante de Naciones Unidas, ‘el tratamiento diferenciado que se ha establecido para las víctimas de la Fuerza Pública restringe indebidamente el acceso a la protección judicial efectiva y crea un trato discriminatorio y desigual no justificado’.
Tal proceder ‘no es razonable a la luz de las obligaciones internacionales del Estado de derecho’, expresó Brunori en carta enviada a la Corte Constitucional de Colombia.
Añadió que las restricciones impuestas a la labor de investigación de los delitos de competencia de la JEP limitan de forma excesiva y no razonable el derecho a la verdad de las víctimas y favorecen la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
