Economía

Senador puertorriqueño acusado de corrupción se niega a renunciar

(PL) El senador oficialista Abel Nazario Quiñones rechazó hoy abandonar su cargo después de ser acusado de 39 cargos por corrupción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.

 

Luego de su arresto por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y ser imputado en el tribunal federal en San Juan, el parlamentario del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, rechazó los pedidos de dimisión.

En una rueda de prensa en horas de la tarde, luego de quedar en libertad condicional, Nazario Quiñones anunció que se mantendrá en su cargo, contrario al pedido que le hicieran el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, jefe del PNP.

Previamente, Rivera Schatz despojó de sus responsabilidades en el Senado a Nazario Quiñones y Rosselló Nevares hizo lo propio con sus puestos en el PNP, del cual es uno de los tres vicepresidentes.

Los delitos atribuidos al parlamentario tuvieron lugar cuando ocupaba la alcaldía del sureño municipio de Yauco, al frente del cual estuvo por 16 años hasta que decidió buscar un escaño en el Senado.

La jueza federal Camille Vélez Rivé lo dejó en libertad bajo su propia responsabilidad, que de ser declarado culpable se expone a una condena máxima de 20 años y a una multa de hasta un millón de dólares.

Nazario Quiñones, según la acusación, defraudó un acuerdo firmado con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos al no pagar a 177 empleados del ayuntamiento de Yauco dos horas diarias trabajadas.

Según las autoridades federales, el entonces alcalde obligó a los empleados municipales a firmar un contrato que establecía que debían trabajar esas horas sin ser remunerados.

La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, aseguró en rueda de prensa que Nazario Quiñones se había comprometido con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos a pagar cerca de 600 mil dólares adeudados a los empleados, lo que incumplió.

Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico arrojó en 2016 que aunque los trabajadores recibieron una compensación tal como se acordó, el ayuntamiento retuvo los salarios, por lo que algunos empleados pasaron meses sin su compensación, dijo Rodríguez.

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