Explicó, en un programa radial que realiza diariamente, que ninguna de las opiniones emitidas por la jueza federal examina argumentos sobre los poderes inconstitucionales que ejerce la JSF, impuesta por Estados Unidos mediante la legislación Promesa.
Por el contrario, dijo, esos argumentos están incluidos en la demanda presentada por legisladores del opositor Partido Popular Democrático, al que pertenece, y en otras demandas ante la consideración de la jueza.
Anticipó que por el desconocimiento de Taylor Swian de la realidad socio-política de Puerto Rico y la historia con Estados Unidos, es fácil anticipar que en esos casos también favorecerá a la JSF, que controla las finanzas de Puerto Rico para garantizar el pago de la deuda pública de 73 mil millones de dólares.
Acevedo destacó que la desestimación de la demanda de los legisladores del gubernamental Partido Nuevo Progresista respondió, tal como dijo la jueza, a que no supieron escribir la demanda porque ni siquiera está claro qué estaban pidiendo al tribunal federal.
En este sentido Taylor Swain expresó, al descartar la alegación de que el organismo había usurpado las funciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que el Congreso ejerció sus poderes bajo la cláusula territorial de la Constitución federal al aprobar la Constitución de Puerto Rico y la legislación Promesa.
‘La cláusula territorial le da poder al Congreso para hacer reglas y regulaciones para Puerto Rico, y también para cambiarlas’, escribió la jueza en su fallo.
Para Acevedo, esas dos oraciones echan por el piso la teoría de la existencia de un pacto de libre asociación, mediante el llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se estableció en 1952 como sistema de gobierno, y que por muchos años el PPD defendió y que algunos todavía insisten en defender.
Anotó que al desestimar la demanda del gobernador Rosselló, la jueza precisó que aunque sigue al frente del país, en términos prácticos, su poder se reduce a ser un cabildero, aparte de que siempre podrá quejarse ante la opinión pública, la propia JSF, el Congreso y el presidente de Estados Unidos.
Argumentó Acevedo que ese poder y derecho lo tiene cualquier ciudadano, para eso no hay que ser gobernador.
