La reacción de ambas partes se produjo luego de que el pasado 8 de marzo el Congreso estadounidense aprobó una enmienda que permite al presidente norteamericano ajustar las importaciones amenazadoras de la seguridad nacional, y entre ellas se encuentra un arancel de 25 por ciento al acero.
La información precisa que la resolución conjunta advierte que esta tarifa encarecería el costo de los proyectos de recuperación que ejecuta Puerto Rico tras el huracán María, labor en la cual se emplea el acero dominicano.
Además, el texto expresa que si bien en 2018 Puerto Rico compró a República Dominicana 55,8 millones en acero, tal cantidad apenas equivale a 0,01 por ciento del total recibido por el país del norte, lo cual no es competencia económica ni representa una amenaza para la seguridad de ese país.
Por su parte Rivera indicó que ‘el porcentaje, aunque parezca bajo, tendría un impacto significativo para Puerto Rico, porque nosotros somos los mayores compradores de acero de la República Dominicana’.
El documento también destaca los lazos históricos existentes entre ambos pueblos, el interés mutuo en fortalecer las relaciones de comercio e intensificar la cooperación, así como ‘la relación económica y comercial que afecta a cada país, en relación con los Estados Unidos’.
