New York

Desmantelamiento de la unidad antidisturbios del NYPD divide a Nueva York

Críticos acusan a la Alcaldía de ceder a presiones de la izquierda. Legal Aid y los Socialistas Democráticos celebran la medida

 

Por  Fernando Martínez

a decisión del alcalde Zohran Mamdani de desmantelar el Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) reabrió las heridas de una disputa que Nueva York arrastra desde las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020: ¿cuándo debe intervenir la Policía en una manifestación y qué límites debe tener su actuación? 

Como cualquier tema que impacta el ojo público de la Gran Manzana, no existen consensos. De inmediato, dirigentes policiales y comerciales acusan al mandatario municipal de ceder a presiones de los grupos de extrema izquierda y advierten que la reorganización podría debilitar la respuesta ante episodios de violencia. 

En la otra acera, organizaciones de derechos civiles y grupos políticos celebran la medida como un avance para proteger el derecho a protestar y piden controles para que los nuevos equipos no repitan las prácticas que motivaron las denuncias contra la unidad.

Esta unidad especial de la Uniformada se creó en el año 2015 con el objetivo de gestionar la lucha antiterrorista y el control de las multitudes. Desde su creación, el grupo ha sido demandado múltiples veces por acusaciones de brutalidad policial.

Entre las primeras objeciones estuvo la de Francisco Marte, presidente de la Asociación de Pequeños Comercios y Bodegas de Nueva York, quien advirtió que la Ciudad podría reeditar el escenario que él atribuye a la reforma estatal de fianzas: un aumento de los robos cuyos costos, sostiene, recayeron con más fuerza sobre los negocios de barrio. Con este antecedente en la mano, teme que vuelvan a ser los más expuestos si una manifestación deriva en vandalismo o saqueos.

“Nos parece un disparate la idea de quitarle fuerza a la policía. Por supuesto que no queremos que haya uso de fuerza excesiva en las manifestaciones. Finalmente, quienes terminaremos pagando las consecuencias seremos los pequeños negocios porque las grandes cadenas cuando las saquean tienen sus seguros, nosotros los bodegueros no”, argumentó.

Por su parte, The Legal Aid Society, que participó en el litigio por la actuación policial durante las protestas de 2020, celebró que Mamdani cumpliera su promesa de campaña y respaldara el proyecto de ley CURB que busca establecer por ley municipal cómo puede actuar el NYPD en protestas, marchas y otras reuniones protegidas por la Primera Enmienda.

“La reorganización, sin embargo, requerirá una supervisión constante para garantizar que no se repitan las tácticas del SRG. Exigimos vigilar el uso de la fuerza, las prácticas de vigilancia y los arrestos, tanto en las manifestaciones como en las comunidades de bajos ingresos a las que presta servicios”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, la rama neoyorquina de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (NYC-DSA) calificó de «histórica» la creación de un equipo civil para dialogar con los manifestantes. También anunció que seguirá impulsando el proyecto CURB, del concejal Chi Ossé, para incorporar a la ley municipal restricciones a las tácticas policiales y evitar que se recree “un nuevo SRG con otro nombre”

Sindicatos policiales en contra

En este sentido, el presidente de la Asociación Benevolente de NYPD, Patrick Hendry, sin medias tintas acusó a Mamdani de estar “dispuesto a poner en riesgo su seguridad y la de los agentes para complacer a su base política”.

En una declaración recogida por CBS New York, citó las protestas que bloquean puentes y vías como ejemplo de las situaciones que a su juicio ponen a prueba la capacidad de respuesta policial.

Asimismo, el concejal demócrata del Distrito 30 de Queens, Phil Wong pidió conservar el SRG y en cambio crear una unidad dedicada a intervenir cuando grupos tomen las calles y contratar a más policías.

También, Scott Munro, presidente del sindicato de detectives del NYPD, rechazó la premisa de que la unidad fuera el problema: “nuestros oficiales han contenido a radicales peligrosos que amenazan la seguridad pública”. En el mismo tono John Chell, exjefe del Departamento del NYPD, atribuyó el cambio a la orientación política de la Alcaldía y sostuvo que ese enfoque “provocará lesiones, daños a la propiedad y trastornos en la vida de la gente”.

El argumento central del alcalde es que los neoyorquinos que ejercen su derecho constitucional a protestar no deberían recibir la misma respuesta policial que se da ante una amenaza terrorista.

“Estamos estableciendo un nuevo enfoque, liderado por civiles, que da prioridad al diálogo, al acercamiento y a la desescalada“, afirmó en un comunicado.

El mandatario municipal y la comisionada Jessica Tisch anunciaron la disolución del escuadrón antidisturbios este lunes, aunque la medida se concretará en la primavera de 2027.

“Jamás respaldaría cambios que reduzcan nuestra capacidad de proteger a los neoyorquinos o que dejen a nuestros agentes sin los recursos necesarios para enfrentar una amenaza grave. Estos cambios harán de nuestro departamento una institución más fuerte y eficaz”, valoró la máxima jefa policial.

«Es una medida más política que de seguridad. En los últimos años los policías hemos recibido capacitación para abordar con cánones internacionales el derecho a la protesta. Finalmente, cuando el asunto se salga de control, terminaremos trabajando gustosamente en conjunto con los civiles»

Oficial activo de NYPD

Habla un oficial

Un agente hispano de NYPD que habló de forma anónima con El Diario dijo que el plan luce, en teoría, como una modernización, aunque su duda al igual que muchos de sus compañeros de comisaría, es qué ocurrirá si un grupo se infiltra en una protesta para vandalizar o saquear como siempre ocurre.

En ese escenario considera que el equipo civil será como “un adorno” que dependerá de la fuerza logística de agentes entrenados para contener la violencia, una situación que se vio muy claramente reflejada por ejemplo en el verano pasado en el Alto Manhattan por una convocatoria en redes sociales luego de la Parada del Orgullo Dominicano.

“Es una medida más política que de seguridad. Se trata de algo similar a la apertura de la Oficina de Seguridad Comunitaria que solo busca complacer a grupos antipoliciales, y que hasta ahora no muestra resultados concretos. En los últimos años los policías hemos recibido capacitación para abordar con cánones internacionales el derecho a la protesta. Finalmente, cuando el asunto se salga de control, terminaremos trabajando gustosamente en conjunto”, refirió sobre la coordinación con los civiles.

El antecedente: reforma de fianzas

En medio de la diatriba, Francisco Marte líder de los pequeños comerciantes esgrime que algunos líderes electos “poseídos por sus ideas de extrema izquierda” no aprendieron las lecciones que dejó la Reforma de la Ley de Fianzas, en donde casi de inmediato se registró un ascenso en los robos.

“No se trata de una opinión personal, ni de una oposición irracional, son los hechos. Algunos políticos que por cierto no viven en los barrios más pobres y peligrosos de El Bronx y Brooklyn no entienden que los neoyorquinos por el contrario quieren una policía más fuerte”, agregó.

La reforma estatal entró en vigor en enero de 2020 y eliminó la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y los delitos graves no violentos. La Legislatura Estatal modificó la ley en 2022 y 2023.

¿Qué cambia en la calle?

  • El plan anunciado el lunes 16 de noviembre por Mamdani y la comisionada Jessica Tisch separa el manejo de las protestas de las operaciones antiterroristas.
  • La nueva División de Diálogo Comunitario y Desescalada, adscrita a la Alcaldía, estará integrada por civiles desarmados y sin facultad de arresto.
  • Coordinará con los organizadores de las protestas y con el NYPD. Mientras se pone en marcha, el diálogo estará a cargo del Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda (FAST), integrado por 30 policías uniformados con formación en comunicación y desescalada.
  • Una nueva División de Apoyo al Patrullaje aportará agentes entrenados en manejo de multitudes y podrá realizar arrestos en casos excepcionales, según la Alcaldía.
  • Las funciones antiterroristas pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD. Tisch dijo a medios locales que unos 500 agentes serán reasignados, muchos de ellos al área antiterrorista. La disolución se anuncia para la primavera de 2027. La Alcaldía prevé implementar el plan sin costo adicional ni cambios en la plantilla policial.
  • La reforma formaliza la prohibición del ‘kettling’, la práctica de cercar a manifestantes e impedirles salir. También prohíbe los gases lacrimógenos y las armas largas durante actividades protegidas por la Primera Enmienda, excluye el aerosol de pimienta como herramienta de control de multitudes y limita a 90 decibelios los dispositivos acústicos de largo alcance.
  • Los agentes solo podrán usar bicicletas como armas cuando sea necesario para evitar una muerte o una lesión física.

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