## El Equilibrio del Micrófono: Entre la Regulación de las Plataformas Digitales y la Protección de la Libertad de Expresión
Redacción Listínusa.net
Por Eduardo Martinez
La evolución de la comunicación en la era digital ha transformado por completo la forma en que los ciudadanos reciben y comparten información. Hoy en día, los medios digitales, los creadores de contenido y las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la fiscalización del poder y la libre difusión de las ideas. Sin embargo, este vertiginoso avance ha colocado a la República Dominicana frente a un profundo dilema legislativo: cómo actualizar un marco normativo anacrónico (que data de 1962) sin rozar las peligrosas fronteras de lo que la opinión pública ha denominado una «ley mordaza».
El debate cobró especial relevancia tras el conocimiento público del Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, una iniciativa que buscaba sustituir normativas desfasadas. Si bien el espíritu del borrador planteaba avances notables —como consagrar el acceso universal a internet y prohibir explícitamente la censura previa—, fueron los artículos dedicados a la fiscalización de las plataformas web y los términos de desindexación (retirar informaciones de los buscadores) los que encendieron las alarmas en la sociedad civil y el sector periodístico.
El Reto de Normar sin Inhibir
La principal preocupación de los especialistas radica en el «efecto inhibidor». Cuando las sanciones económicas, los controles administrativos o las regulaciones sobre la opinión en internet se vuelven excesivamente difusos o severos, se corre el riesgo de que el ciudadano o el comunicador digital prefieran callar ante posibles anomalías públicas por temor a represalias legales. El debate se intensificó aún más al discutirse en paralelo reformas penales que abordan la difamación y la injuria.
Desde la acera del Estado y de los defensores de la regulación, se sostiene que el ejercicio de la palabra no es un derecho absoluto y que debe encontrar su límite donde inician el derecho al honor, la intimidad y la dignidad familiar, aspectos también consagrados en el artículo 44 de la Constitución dominicana. El gran desafío técnico y político estriba, precisamente, en redactar leyes tan quirúrgicas que protejan la honra de las personas sin restarle las herramientas de denuncia al periodismo de investigación.
Ante la falta de consenso social y las válidas observaciones de diversos sectores, el Poder Ejecutivo y el Congreso optaron prudentemente por dejar perimir la propuesta para reformular los capítulos más espinosos. Este repliegue estratégico demuestra que la madurez democrática del país aún conserva la capacidad de escuchar y ponderar los disensos antes de fijar normas de cumplimiento obligatorio.
El derecho a expresarse libremente pertenece a las personas, no exclusivamente a las corporaciones de prensa. Las leyes de medios deben diseñarse para expandir los derechos ciudadanos, nunca para reducirlos.
La Opinión de Listínusa.net
En Listínusa.net sostenemos con firmeza que la libertad de expresión es la columna vertebral de cualquier sociedad que se autodenomine democrática. Regular los entornos digitales bajo conceptos ambiguos que puedan prestarse a interpretaciones subjetivas o a la persecución de la disidencia es un camino peligroso que la República Dominicana no debe transitar.
Coincidimos en que el ecosistema digital necesita orden, profesionalismo y un profundo sentido de la responsabilidad ética por parte de quienes manejamos un micrófono o una plataforma de difusión. La difamación deliberada y las campañas de desinformación son males reales que dañan el tejido social. No obstante, el remedio nunca puede ser más nocivo que la enfermedad.
Cualquier intento futuro de reforma legislativa debe blindar, ante todo, el derecho a la crítica hacia la gestión pública y garantizar que los canales digitales sigan siendo ventanas abiertas al escrutinio ciudadano. La verdad y la transparencia institucional no le temen al debate público; al contrario, se fortalecen con él.
