La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) detectaron violaciones a la ley en licitación para adquisición de utilería escolar por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) durante el año 2024.
En ese sentido, el director de Contrataciones, Carlos Pimentel, depositó ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un informe sobre las violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Inabie.
Se describe que el análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales y que los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.
Arrojó además, indicios de una posible confabulación entre funcionarios del Inabie y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados. También apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas.
