EE.UU. destaca clima de inversión en RD, pero advierte sobre «numerosos problemas sistémicos»
Inversionistas «citan la falta de normas claras y normalizadas para competir y la falta de aplicación de las normas existentes»»
El documento, publicado por el Departamento de Estado, señala que los inversionistas «citan la falta de normas claras y normalizadas para competir y la falta de aplicación de las normas existentes», entre los problemas que afectan la llegada de empresas extranjeras al país.
El reporte habla de que el «público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo».
Asimismo, advierte que «la falta de transparencia y la mala implementación de las leyes existentes» son las principales quejas de los inversionistas sobre República Dominicana.
Los Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos del actual Gobierno dominicano bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader para hacer frente a estas problemáticas, afirmando que «han llevado a que la República Dominicana se destaque como uno de los pocos países de la región donde los ideales e instituciones democráticas están en ascenso».
La promoción de la independencia de los fiscales, las acciones para frenar la corrupción administrativa, el nombramiento de profesionales técnicamente competentes en puestos de liderazgo y la promulgación de una ley de decomiso de activos civiles, son algunos de los esfuerzos del gobierno dominicano que resalta el reporte.
Sin embargo, señala que «muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que, a pesar de las mejoras en los últimos tres años, la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúa limitando el éxito de la inversión en la República Dominicana«.
Asimismo, advierte que la adinistración de Abinader «no ha logrado todos sus objetivos declarados» y presenta «una tendencia a reducir o retirar medidas de reformas importantes cuando atraen incluso niveles modestos de críticas públicas», dentro de este último grupo incluye las reformas al sector eléctrico y el fiscal.




