Los estados demandantes han argumentado que el gobierno de Obama no tenía la autoridad para crear el programa
AP
Un juez federal declaró ilegal el miércoles una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
El juez federal de distrito Andrew Hanen estuvo de acuerdo con Texas y otros ocho estados que demandaron para detener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, por sus siglas en inglés). En última instancia, se esperaba que el fallo del juez fuera apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, enviando el destino del programa ante el tribunal superior por tercera vez.
Hanen prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios existentes durante el esperado proceso de apelación. Hanen dijo que su orden no requiere que el gobierno federal tome ninguna medida contra los beneficiarios de DACA.
Los estados han argumentado que el gobierno de Obama no tenía la autoridad para crear el programa por primera vez en 2012 porque eludió al Congreso.
En 2021, Hanen había declarado ilegal el programa, dictaminando que no había estado sujeto a los períodos de notificación pública y comentarios requeridos por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
La administración Biden trató de satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión de DACA que entró en vigencia en octubre de 2022 y estuvo sujeta a comentarios públicos como parte de un proceso formal de elaboración de reglas.
Pero Hanen, quien fue nombrado por el entonces presidente George W. Bush en 2002, dictaminó que la versión actualizada de DACA seguía siendo ilegal. Anteriormente había dicho que DACA era inconstitucional y que correspondería al Congreso promulgar una legislación que proteja a las personas bajo el programa, a menudo conocidos como «Dreamers«.
Hanen también había dictaminado previamente que los estados tenían derecho a presentar su demanda porque habían sido perjudicados por el programa.
Los estados han afirmado que incurren en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos cuando a los inmigrantes se les permite permanecer ilegalmente en el país. Los estados que demandaron son Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Los defensores del programa, el gobierno federal, el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación y el estado de Nueva Jersey, habían argumentado que los estados no presentaron evidencia de que ninguno de los costos en los que alegan haber incurrido haya estado vinculado a los beneficiarios de DACA. También argumentaron que el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad legal para establecer políticas de aplicación de la ley de inmigración.
A pesar de haber declarado previamente ilegal el programa DACA, Hanen había dejado intacto el programa de la era Obama para aquellos que ya se beneficiaban de él. Pero había dictaminado que no podía haber nuevos solicitantes mientras las apelaciones estuvieran pendientes.
Había 578,680 personas inscritas en DACA a fines de marzo, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
El programa se ha enfrentado a una montaña rusa de desafíos judiciales a lo largo de los años.
En 2016, la Corte Suprema se estancó 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para padres de beneficiarios de DACA. En 2020, el tribunal superior dictaminó 5-4 que la administración Trump terminó incorrectamente DACA, permitiéndole permanecer en su lugar.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans confirmó el fallo anterior de Hanen que declaraba ilegal DACA, pero le devolvió el caso para revisar los cambios realizados en el programa por la administración Biden.
El presidente Joe Biden y grupos de defensa han pedido al Congreso que apruebe protecciones permanentes para los «soñadores». El Congreso ha fracasado varias veces en aprobar propuestas llamadas DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA.
