La acusación formal por ocho cargos asegura que Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela para mejorar las relaciones del país sudamericano con Estados Unidos
AP
Un exlegislador federal de Miami que firmó un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con el gobierno de Venezuela fue arrestado el lunes por cargos de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse.
David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, indicó Marlene Rodriguez, portavoz de la fiscalía federal en Miami. La acusación formal por ocho cargos asegura que Rivera fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela para mejorar las relaciones del país sudamericano con Estados Unidos, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Washington contra Venezuela, sin haberse registrado como agente extranjero.
El acta acusatoria menciona reuniones que Rivera habría organizado en Washington y Nueva York, entre otros lugares, con senadores, legisladores y funcionarios de la Casa Blanca, ninguno de los cuales fue identificado.
Por ejemplo, la acusación formal señala que en 2017 Rivera le escribió mensajes de texto a un senador federal no identificado diciendo: “Recuerde, Estados Unidos debería facilitar, y no sólo apoyar, una solución negociada”, y “Sin venganza, reconciliación”.
La presión se había estado acumulando sobre Rivera durante más de dos años después de que saliera a la luz que había recibido un enorme contrato de parte de una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal venezolana cuando el presidente Nicolás Maduro intentaba congraciarse con la Casa Blanca en los primeros días del gobierno de Donald Trump.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por PDV USA, filial local de Citgo, de propiedad venezolana. La denuncia aseguraba que el exlegislador no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “asesoría estratégica” con el fin de establecer vínculos con importantes figuras estadounidenses.
En la acusación formal, la fiscalía señala que Rivera envió un mensaje de texto en octubre de 2017 en el que reconocía que debía registrarse para cabildear por el gobierno venezolano; de otra forma “mi abogado me ha dicho que por el momento es ilegal… y que no debo tocarlo por nada, pero sería un escándalo de proporciones monumentales”.
Aunque el contrato de Rivera fue con una entidad estadounidense, cualquier trabajo realizado a nombre del gobierno de Maduro o de intereses comerciales de Venezuela habría requerido que se registrara como cabildero extranjero.
Rivera, de 57 años, ha afirmado que es inocente e interpuso una contrademanda contra PDV USA, en la que acusa a la empresa de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no pagarle los 30 millones de dólares que asegura le siguen debiendo. Un abogado de Rivera dijo que aún no había visto la acusación formal y Rivera no respondió de momento a un email en busca de comentarios.
El Servicio Federal de Alguaciles informó que Rivera salió el lunes de prisión tras pagar una fianza, horas después de realizar su comparecencia inicial en una corte federal de Atlanta.
Más o menos al mismo tiempo en que Rivera fue contratado, Caracas intentaba cortejar al gobierno de Trump, realizando un donativo de 500.000 dólares para la comisión de su ceremonia de investidura a través de Citgo y en un principio evitando cualquier crítica dirigida al nuevo mandatario estadounidense, quien tenía una reputación de hacerse amigo de personas como el presidente de Rusia Vladimir Putin y el gobernante norcoreano Kim Jong-un.
Dicho intento eventualmente fracasó, luego que Trump reconoció en 2019 al legislador opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela e impuso sanciones petroleras contra Caracas con el propósito de sacar a Maduro del poder.
Los expedientes que surgieron como parte de la demanda muestran que Rivera realizó sus trabajos de asesoría de manera concertada con Raúl Gorrín, un empresario venezolano que ha sido objeto de sanciones y enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos por cargos de lavado de activos.
Correspondencia presentada ante el tribunal como parte de la demanda muestra que Rivera y Gorrín intentaron concertar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la compañía petrolera estadounidense Exxon.
Como parte de esas gestiones, también involucraron al representante Pete Sessions, cuyo exdistrito de Dallas era sede de Exxon y quien viajó en secreto a Venezuela en 2018 para reunirse con Maduro.
Parte de los 15 millones de dólares que Rivera recibió como pago de su contrato fue transferida a dos de sus allegados y a una compañía de Miami: Interglobal Yacht Management, la cual PDV USA asegura que fue utilizada para pagar el mantenimiento de uno de los yates de Gorrín.
Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA supuestamente creó “contratos falsos” antedatados al 20 de marzo de 2017, un día antes de que entrara en vigor su acuerdo de consultoría.
El contrato de Rivera tenía todos los rasgos de una farsa, según PDV USA, que desde 2019 ha sido administrada por directores designados por la oposición venezolana con el respaldo de Estados Unidos.
Según la demanda, la compañía Interamerican, de Rivera, ganó sólo 9,500 dólares un año antes de que los simpatizantes de Maduro la eligieran de la nada sin ninguna diligencia. Rivera nunca se reunió en persona con alguien de Citgo o de PDV USA mientras supuestamente trabajaba a su nombre. En cambio, presentó dos reportes “deficientes e incoherentes” de progreso, de los siete que debía entregar.
“El reporte escrito está desprovisto de cualquier evidencia de que Interamerican realizara alguno de los servicios contratados”, argumenta PDV USA en expedientes presentados a la corte. “No hay un solo correo electrónico, una sola presentación de Power Point, un solo esquema, un solo memorándum, una sola fecha programada, o algo más que deje entrever que Interamerican llevó a cabo alguna vez alguno de los servicios”.
Antes de ser elegido al Congreso federal, Rivera era un legislador de alto rango en Florida, donde se desempeñó en la cámara baja de 2003 a 2010. En ese lapso, compartió una residencia en Tallahassee con el actual senador federal Marco Rubio, quien eventualmente se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes del estado.
Rivera ha estado envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluyendo haber orquestado un plan para financiar discretamente a un candidato demócrata no identificado para que compitiera con su principal rival en una contienda del sur de Florida, así como una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con una compañía de apuestas. Dicha investigación también involucró un posible uso indebido de fondos de campaña para pagar actividades de la cámara baja del estado que ya habían sido reembolsadas por el estado.
