El debate duró más de dos horas
AP
La Corte Suprema de Estados Unidos fue escenario el martes de una disputa teñida por la política partidista sobre una medida del gobierno de Joe Biden que daría prioridad a la deportación de gente que se encuentra ilegalmente en el país y constituyan el mayor peligro a la seguridad pública.
No estaba claro si el debate —que duró más de dos horas y se tornó áspero en ciertos pasajes— hará que jueces permitan que entre en vigencia la medida o bien se inclinarían a favor de los estados gobernados por los republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla.
En el centro del debate hay una directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de septiembre de 2021 que pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “grandes amenazas a la seguridad pública”. La directiva, aprobada después que Biden asumió la presidencia, actualizó una medida de la época de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente sin tener en cuenta si tenía antecedentes penales o lazos con la comunidad.
El martes, la procuradora general del gobierno, Elizabeth Prelogar, dijo a los jueces que la ley federal “no crea un mandato inflexible para aprehender y expulsar” a cada uno de los 11 millones de inmigrantes que se encuentran sin permiso legal en el país.
Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador en el terreno” que la corte requiriera semejante cosa. El Congreso no le ha otorgado al DHS fondos suficientes para aumentar enormemente la cantidad de personas que detiene y deporta, ha dicho el gobierno.
Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno violó la ley federal al requerir la detención de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido condenadas de crímenes graves.
El juez presidente de la corte, John Roberts, fue uno de los jueces conservadores que respondió enérgicamente a los argumentos del gobierno. “Nuestra tarea es determinar qué dice la ley, no si se la puede o no aplicar o si existen dificultades, y no creo que debamos cambiar esa responsabilidad porque el Congreso y el ejecutivo no se ponen de acuerdo en algo… No creo que debamos hacerles concesiones”, dijo.
