El titular de la Pepca, Wilson Camacho, asegura que la defensa intenta retrasar el proceso
Wilder PáezPor más de 12 horas se extendió este conocimiento de fusión, por lo que el próximo viernes la jueza se apresta a emitir su juicio de valor.
Este viernes Rivas rechazó el pedimento de la barra defensora del mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como cabecilla del supuesto entramado desmantelado de mediante la Operación Coral, quien había pedido que se excluyeran a los abogados del Estado del proceso penal en ambos casos.
Rivas consideró que el tema es extemporáneo y que se podría discutir en otra audiencia.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, manifestó que la defensa ha intentado retrasar el proceso.
Consideró que la fusión debe ser acogida por tratarse de los mismo hechos, de las mismas personas involucradas en el proceso y las mismas instituciones.
La Pepca y la Dirección de Persecución buscan fusionar ambos expedientes de presunta corrupción administrativa contra 48 imputados, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas.
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), es sindicado como el principal cabecilla de la alegada red y guarda prisión en Najayo desde mayo de 2021 como medida de coerción.
De su lado, el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), fue señalado por el Ministerio Público como la cabeza del caso Coral 5G y está preso también guardando prisión preventiva desde diciembre de 2021.
A Robiou se le acusa de haber utilizado su cargo para sustraer fondos del Estado. Supuestamente, en el Cestur se nombraban policías y militares que debían devolver la mayor parte del dinero que recibían para disfrute de los miembros de la red Coral y Coral 5G.
A los encartados también se les acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
A este grupo de personas, la Pepca les imputa cargos por corrupción administrativa por más de RD$4,500 millones.
