A 20 años de la muerte del expresidente, más de uno piensa que ya no tiene sentido develar el secreto
Tania Molina
Este 14 de julio se cumplieron 20 años de la muerte del líder reformista Joaquín Balaguer. También suman más de 33 años desde que el expresidente de la República prometió que alguien develaría sus informaciones respecto al crimen del periodista Orlando Martínez.
“Esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará, para que su voz sea recogida por la historia”. La frase ya conocida por muchos es parte del contenido del libro: Memorias de un cortesano de la “Era de Trujillo” que escribió Balaguer en 1988 y que se refiere el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley ocurrido en 1975.
La página, marcada con el número 333 y compuesta de dos párrafos y una fotografía, constituye todo el contenido del segundo capítulo, de la sexta parte del libro, la que se presenta bajo el título de Sangre en las Calles.
El primero de los capítulos lo abarcan detalles del asesinato de otro periodista, Gregorio García Castro, ocurrida dos años antes, en 1973. A este caso, que Balaguer señala como el que más profundamente le conmovió entre todos los hechos que nublaron los días que pasó en el Palacio Nacional como presidente, le dedica once páginas.
Pero en los escuetos párrafos que dedica a Martínez Howley anuncia que el contenido de su página en blanco se “deja en manos de una persona amiga que por razones de edad está supuesta a sobrevivirme y que ha sido encargada por mí de hacerlo público algunos años después de mi muerte”.
El tiempo exacto es tan enigma como el contenido que debe llenar esa página o la persona encargada de esa misión. En alguna ocasión, Rafael Bello Andino, uno de los colaboradores más cercanos del exmandatario, aseguró que sería justo ahora, a los 20 años.
“El presidente Balaguer fijó un término indicando que no quería ninguna mención antes de esa fecha. Veinte años después de su muerte se llenaría”, respondió Bello Andino ante una pregunta de la periodista Noris Sánchez, en 2013.
Pero con el pasar de los años y la suerte que tuvo el caso en los tribunales de justicia dominicanos, el secreto que guarda la página en blando empieza a perder sentido, a decir de algunos consultados.
Así lo cree Joaquín Ricardo, el sobrino de Balaguer que dirige en la actualidad la fundación que lleva su nombre. Consideraciones similares tiene también Juan Miguel Castillo Pantaleón, a quien le tocó, como juez, instrumentar la investigación que llevó al banquillo de los acusados a varios militares y civiles, terminando algunos con sentencias de hasta 30 años por el crimen.
Desde un salón de la Fundación Joaquín Balaguer, Joaquín Ricardo empieza con aclarar que ellos no tienen ni idea de quién puede ser la persona que debe llenar el espacio en blando del libro.
“No conozco siquiera a esa persona. El doctor Balaguer era un hombre muy reservado… en verdad, no cuesta más que esperar, pero… es caso cerrado, caso resuelto, afortunadamente”, dice.
Tras un periplo en los tribunales penales que inició en 1995, cuando se designó al juez de la investigación, la Suprema Corte de Justicia condenó de forma irrevocable en 2007 al excabo Mariano Cabrera Durán y al civil Rafael Alfredo Lluberes Ricart, con penas de 30 años de cárcel, y al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro a 20 años.
La suprema ratificaba con su decisión, respecto a un recurso de casación, la sentencia que a principios de ese año dictó la corte de apelación de San Pedro de Macorís. También fue condenado a 10 años, pena que ya había cumplido en ese momento, Emilio de la Rosa, otro de los civiles involucrados en el hecho.
Para Joaquín Ricardo, la condena tuvo de base el primer informe presentado por la comisión que se designó durante el gobierno del Balaguer para investigar el hecho.
“Obviamente esa página en blanco a lo que hacía referencia era a esa segunda investigación que ya por distintos medios y distintas personalidades habían expresado haber conocido quienes eran los responsables”, sostiene Castillo Pantaleón.
Se refiere a las acciones iniciales que se llevaron a cabo en torno al hecho, en el mismo año del crimen.
Recuerda el sometimiento inicial que hizo la Policía Nacional en 1975 contra los señores Diomedes Mercedes, Cheché Luna y Melvín Mañon, dirigentes de izquierda a quienes se acusó –dice- para intentar vincular en el crimen a Juan Bosch, líder perredeista y fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que para entonces tenía disputas ideológicas con Martínez Howley.
“Esos sometimientos generaron repulsa a nivel nacional e internacional y Balaguer desautoriza a la autoridad judicial y policía y sustituye al jefe de la Policía, designando a una figura adversaria al grupo militar dominante, designando a (Ney Rafael) Nivar Ceijas”.
El decreto que designa al nuevo jefe de Policía, en junio de 1975, incluía elencargo de dar con los responsables del crimen, rememora Castilló Pantaleón, quien luego tuvo acceso a los que serían los resultados de esa segunda investigación.
Su certeza se basa en que tuvo acceso a una publicación que el 30 de octubre de 1975 hizo el periódico El Nacional, en la que se filtraban los nombres de quienes eran los ejecutores materiales del asesinato que coincidieron con los mismos que él proceso.
Pero en aquel entonces, en que la designación del nuevo jefe policial provocó la renuncia de todos los mandos militares, el grupo señalado fue puesto en libertad.
Castillo Pantaleón entra en 1995, a 20 años del crimen, cuando la familia del periodista asesinado pidió una nueva actuación judicial para evitar que el caso perimiera.
“En mi trabajo de investigación que hicimos de una manera muy cuidadosa, muy discreta durante dos años, llegamos incluso a tratar de obtener las declaraciones del presidente Balaguer, siendo presidente de la República, tanto en el Palacio como en su casa.”
Reconoce que la gestión fue infructuosa, pero que fue una de tantas de las diligencias que hicieron y que le permitieron encontrar, no solo todas las evidencias e indicios, sino las piezas cruciales de la investigación que hizo la Policía Nacional en octubre de 1975 y que es, a su juicio lo que Balaguer debió llamar La página en blanco.
“La página no puede contradecir, pues Balaguer no era investigador y ¿qué insumo podía tener que no fuera el que le diera el aparato de investigación del Estado, en este caso el propio jefe de Policía que hizo la investigación, investigación cuyas piezas yo pudo construir y enfrentar a los acusados. Eso todo encajó a la perfección con lo que se filtró. Imaginar que puede haber algo que contradiga esa investigación que yo inicié, es algo que no tiene apoyo en ningún elemento, es una especulación sin base”, sostiene.
Un dejo de pendiente que exclama Castillo Pantaleón es que, aunque condenaron a la mayoría, para el de mayor jerarquía, señalado como la persona que dio la orden de matar al Martínez Howley, todavía el caso sigue abierto, a casi 20 años después. Reitera en que todos los que confesaron su participación en el crimen señalaron que quien impartió la orden del atentado fue el involucrado de mayor jerarquía, entonces jefe de estado mayor de la fuerza área y exjefe de la Policía, Salvador Lluberes Montás, a quien llegó a someter pero que la jueza que conoció el caso, Kathia Miguelina Jiménez excluyó. Más inconformidad le genera saber que la exclusión fuera por cuestiones de salud y que, en todos estos años no se ha enterado de que esa persona se muriera ni se haya enfermado gravemente de nada.
