Una nueva legislación procura adoptar el criterio del llamado marco temporal para la demarcación de las tierras aborígenes, al reconocer como ancestrales solo aquellas ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988.
Promovido por el Gobierno y sus adeptos en el Congreso, este marco será discutido a partir del miércoles por el Supremo Tribunal Federal.
Con sugestivas galas de plumas y trajes representativos de cada etnia, integrantes de al menos 117 pueblos originarios instalaron sus tiendas de campamento en la Plaza de la Ciudadanía, en el centro de Brasilia.
Las comunidades impugnan una batería de proyectos de ley del Poder Ejecutivo que se tramitan en el Congreso y son percibidos como amenazas para su supervivencia y la protección del medioambiente.
Según la APIB, la movilización está prevista que dure siete días en esta capital con una intensa agenda de reuniones plenarias, intercambios políticos en organismos del Gobierno federal y embajadas, marchas y manifestaciones públicas.
‘No podemos permanecer en silencio ante este escenario de violencia. No es solo el virus Covid-19 el que está matando (mil 166 decesos y más de 58 mil infectados) a nuestros pueblos y por eso decidimos una vez más ir a Brasilia’, apuntó la coordinadora ejecutiva de la APIB, Sonia Guajajara.
El campamento tendrá un intenso programa de debates políticos y manifestaciones culturales. Todas las actividades cuentan con un equipo de comunicación colaborativo formado en su mayoría por indígenas.
La APIB presentó el 9 de agosto una denuncia por genocidio contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en la muerte de nativos por Covid-19.
Tal acusación en ese tribunal, con sede en Países Bajos, culpa específicamente al exmilitar por las vidas perdidas.
De acuerdo con Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de la APIB y uno de los redactores de la denuncia, ‘lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras’.
El texto alerta que el desmantelamiento de estructuras públicas de protección socio ambiental provocó invasiones de tierras originarias, deforestación y quema de biomas.
Por ello, la articulación pidió que Bolsonaro sea inculpado también por ecocidio, nueva tipificación de crimen contra la humanidad, el planeta y el medio ambiente.
