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«¡Es un descaro!»: López Obrador critica a grandes empresas beneficiadas por subsidios y amparadas contra la polémica ley eléctrica

La oleada de recursos legales interpuestos por grandes empresas como Walmart, Bimbo y Femsa provocaron que en el Congreso mexicano se estudie la posibilidad de modificar la Ley de Amparo. La polémica apenas empieza.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la manera en que grandes empresas nacionales y extranjeras, como Walmart, Bimbo o Femsa, han interpuesto amparos legales para tratar de frenar la reforma a la ley eléctrica que entró en vigor a inicios de marzo.

La respuesta del mandatario se produce en momentos en que se han documentado al menos 30 recursos de amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica, que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de empresas privadas en lo referente a la generación de energía eléctrica en el país. Esas acciones han desatado una fuerte polémica, que ya trasciende del choque entre el poder Ejecutivo y Judicial.

¿Qué tienen que ver las empresas?

López Obrador explicó que algunas grandes compañías —como la cadena estadounidense de tiendas de autoservicio Walmart, y firmas mexicanas como la panificadora Bimbo o la cadena de tiendas Oxxo (propiedad de la embotelladora Femsa)— han interpuesto una serie de amparos para no perder los privilegios que les permitían pagar la electricidad a precios más bajos que la mayoría de los mexicanos.

«No se está nacionalizando, no se está expropiando, se están respetando los contratos, lo único es una modificación a la ley eléctrica para que no existan estas concesiones, estos excesos, estos subsidios», dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este viernes, realizada en Coatzacoalcos, Veracruz.

El mandatario explicó que las empresas referidas cuentan con generadores de energía eólica, considerada por la legislación anterior como la «más barata», al provenir de fuentes renovables.

Sin embargo, debido a que estas energías renovables son intermitentes, la CFE tenía que respaldar con sus propias plantas eléctricas el desabasto que se generaba ante la falta de viento o sol, en el caso de las fuentes fotovoltaicas.

Los costos de este respaldo, así como el que genera el uso de la red eléctrica, no estaban contemplados en los criterios de la legislación anterior, con lo cual, el Estado mexicano estaba subsidiando una parte del consumo de las grandes empresas.

«¡Es un descaro ya!», reprochó Obrador. «¿Cómo van a recurrir al amparo para seguir manteniendo subsidios?», agregó.

El mandatario indicó que esta situación de privilegio se desprendió de la reforma energética de 2014, promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto, que abrió el sector eléctrico y petrolero a la iniciativa privada, provocando grandes pérdidas para las empresas estatales.

Un escenario que el Gobierno y el Congreso buscaron revertir con la reforma al sector eléctrico, que desató una oleada de recursos ante el Poder Judicial, promovidos por las cúpulas empresariales perjudicadas con la normativa.

«Yo pensaba de que iban a actuar con responsabilidad e iban a buscar al director de la CFE para llegar a un acuerdo con esos contratos, pero no, recurrieron al amparo. Pues vámonos a ver qué van a decidir los jueces, los magistrados, los ministros», dijo el presidente.

El mandatario estimó que las posturas encontradas provocarán que la controversia tenga que ser definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, mientras tanto, amagó con dar a conocer los precios que las grandes empresas pagaban por electricidad.

«Es un subsidio el que estén recibiendo energía barata mientras los ciudadanos tienen que pagar completamente el servicio», afirmó.

Batalla política

Hasta el momento existen al menos 30 amparos interpuestos por empresas ante el Poder Judicial, en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

En este contexto, la rapidez con que un juez aprobó la suspensión de la ley, apenas un día después de que entrara en vigor el pasado 10 de marzo, provocó que el presidente López Obrador pidiera investigar al juez, lo que generó un choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Ante la oleada de amparos, el presidente señaló que podría impulsar una reforma constitucional en el sector eléctrico, para esquivar las trabas judiciales interpuestas por las empresas perjudicadas. La medida fue calificada por la oposición como una maniobra «dictatorial».

Sin embargo, el tema no quedó ahí. La bancada del partido Morena en el Congreso presentó una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con el fin de evitar que las grandes empresas puedan hacer un boicot legal contra los cambios impulsados por el proyecto de la «Cuarta Transformación» promovida por López Obrador.

La propuesta para modificar la ley de amparo incluiría una cláusula con que los jueces puedan otorgar el recurso de amparo, siempre y cuando el interés del solicitante «no trasgreda de ninguna manera el interés social«.

La Ley de Amparo vigente entró en vigor en 2013, tras ser impulsada por el entonces presidente Peña Nieto junto con los partidos PRI, PAN y PRD, que hoy son parte del bloque opositor. Esta modificación permitió que las empresas, y no solo las personas, pudieran solicitar recursos de amparo.

De acuerdo con algunos críticos, esto sirvió para crear un blindaje jurídico a las firmas privadas, previo a la aprobación de la reforma energética, con el que se buscó que compañías pudieran hacer millonarios negocios en un sector que antes estaba reservado para las empresas públicas.

Opiniones divididas

El conflicto eléctrico entre el Gobierno y las cúpulas empresariales ha generado también opiniones diversas entre los mexicanos.

Por un lado, los sectores más afines a la derecha han calificado las maniobras de López Obrador como propias de un «dictador».

En contraparte, simpatizantes del presidente López Obrador han cuestionado que la oposición califique al mandatario como dictador, por impulsar cambios constitucionales como los aprobados en administraciones pasadas.

Otros, en cambio, cuestionaron que el término «dictador» se utilice tan a la ligera.

Datos de la CFE señalan que la empresa estatal ha perdido más de 20.000 millones de dólares tras la aprobación de la reforma energética, por los subsidios otorgados a empresas privadas.

La polémica en torno al sector eléctrico se ha intensificado a lo largo de 2021, debido no solo a los cambios legales, sino también por el impacto que generó el apagón que afectó a todo el norte del país, tras una nevada en EE.UU., debido a la alta dependencia de México al gas estadounidense.

Estas confrontaciones han revivido el debate sobre la soberanía energética y el uso de los combustibles fósiles en México.

Manuel Hernández Borbolla

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