El setenta por ciento de los centros de la Vega Baja rechazan la imposición del valenciano en Secundaria
Familias y docentes denuncian que los proyectos de centro suponen «un grave retroceso en los derechos lingüísticos»
Imagen de estudiantes en Valencia – EP
El setenta por ciento de los consejos escolares de los centros educativos de Secundaria y Bachillerato de la Vega Baja en Alicante han rechazado los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) que suponen la «imposición del valenciano», según la Confederación Valenciana de Padres y Madres de Alumnos (Covapa) y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística.
El 28 de febrero finalizó el plazo para que los centros educativos presentaran los PLC de Secundaria, Bachillerato y FP para el próximo curso, que debían adaptarse a los de los centros adscritos de Infantil y Primaria. Estos debían ser aprobados por los consejos escolares y luego autorizados por la Conselleria. Sin embargo, si el consejo escolar no presentaba un proyecto con un acuerdo de dos tercios, Educación determinará el PLC para el centro.
En este contexto, la Covapa y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística señalan que, en los institutos de la Vega Baja, los consejos escolares han rechazado «masivamente» los PLC. «Como ya vaticinamos, adolecerían de sus principales señas de identidad: la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa. Su elaboración ha quedado muy lejos de ser el resultado de un proceso participativo», lamentan.
En este contexto, en un comunicado conjunto, critican que la Generalitat haya desoído la petición para posponer la elaboración e implantación de los PLC debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. «El proceso llevado a cabo en los centros de Primaria, a día de hoy, ha supuesto un grave retroceso en los derechos lingüísticos de nuestro alumnado», aseguran.
Por ello, subrayan que el setenta por ciento de los centros de la Vega Baja han rechazado unos PLC «inoportunos en el tiempo, que no son reflejo del trabajo conjunto, que no son el resultado de un proceso participativo y que adolecen de transparencia y eficacia».
En este contexto, denuncian que no se han podido celebrar reuniones informativas por las restricciones del coronavirus, lo que ha impedido conocer la opinión de las familias. Además, añaden que «no existe una regulación oficial, precisa, pormenorizada y concreta acerca de los términos en los que se han de elaborar los PLC, como los programas experimentales, exenciones o implantación secuenciada por niveles de las distintas etapas».
«Esta falta de regulación está provocando también discriminación entre territorios de la Comunidad Valenciana, generando que haya centros a los que se les va a autorizar el no aplicar la ley, mientras que a otros sí se les exige el cumplimiento de la norma, sin que existan razones ni en los textos legales ni en la consideración lingüística de los territorios discriminados», critican.
Asimismo, consideran que no se respetan las normas de funcionamiento de los consejos escolares y, en ocasiones «han accedido a la información que desde los equipos directivos les han querido comentar verbalmente».
«En otros casos, consejeros y consejeras escolares nos trasladan su zozobra por las advertencias recibidas en caso de no votar afirmativamente y su repercusión posterior, tanto en el propio proyecto como en otros programas educativos del centro», sostiene la Covapa y la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística.
Además, también denuncian que hay «consejos escolares que no han votado, pero en Conselleria hay un acta que afirma que sí; votaciones que no alcanzan la mayoría requerida, pero en el papel dice lo contrario; o votaciones irregulares porque no se tiene en cuenta el número de miembros totales, sino los miembros que se encuentran presentes en la reunión».
Por ello, han reclamado que Educación haga públicas todas las propuestas de PLC elaboradas por los consejos escolares y ponen a disposición de las familias y docentes de un servicio de asesoría administrativa y jurídica «para evitar que se siga perpetrando la vulneración de los derechos de las familias en materia lingüística».
