NUEVA YORK.- Una investigación de la Unidad de Investigaciones y Procesos Especiales (SIPU) de la oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, no encontró causa probable para acusar a los policías, entre ellos el sargento Jonathan Rivera, que le dio el tiro mortal, por la muerte del dominicano Allan James Feliz el 17 de octubre 2019 en una calle de El Bronx.
Además del sargento, los oficiales Edward Barrett y Michelle Almanzar, también estuvieron involucrados en el asesinato de Feliz. Rivera y Almanzar son de origen dominicano y los tres, detuvieron a Feliz y a un acompañante porque creían que los hombres no estaban usando sus cinturones de seguridad, aunque los tenían puestos.
Barrett verificó el número de la licencia de conducir de Feliz, quien había sido sentenciado a cinco años por robo, y encontró una orden de arresto abierta antes de darle una palmada fuera del auto.
Un comunicado de la fiscal explica que después de una exhaustiva investigación, la SIPU no encontró culpabilidad criminal por parte de los miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) que estuvieron involucrados en el incidente.
“Sobre la base de los relatos de los testigos, las considerables pruebas de vídeo y un examen exhaustivo de los hechos, no se pudo demostrar que el uso de la fuerza mortal fuera injustificado más allá de una duda razonable, como exige la norma jurídica”, añade la fiscal.
Dijo que aunque la SIPU no encontró culpabilidad penal “en trágico asunto”, hay varias preocupaciones serias sobre el manejo del incidente por parte de la policía de Nueva York. La SIPU emitió una serie de recomendaciones para abordar las preocupaciones, incluyendo la reiteración del llamado para que los oficiales de la policía de Nueva York dejen de participar en la aplicación rutinaria de la ley de tránsito por completo.
“La gran mayoría de las paradas de tráfico – incluyendo ésta – no implican una conducta criminal, sin embargo la participación de la policía en tales situaciones puede resultar en interacciones violentas”, señala el comunicado.
“Si la policía de Nueva York sigue participando en la aplicación de las leyes de tráfico, la policía debe ordenar a sus agentes que no arresten a los automovilistas por órdenes de arresto abiertas relacionadas con delitos menores”, dijo la fiscal James.
“La muerte de Allan Feliz fue una tragedia, y ofrezco mis más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este tiempo”, expresó la funcionaria judicial.
“Mi oficina llevó a cabo una investigación exhaustiva de los acontecimientos que rodearon la muerte del Sr. Feliz y determinó que no podíamos probar que el uso de la fuerza mortal era injustificado más allá de una duda razonable, como la ley requiere para presentar cargos”, explica el comunicado.
“La cuestión decisiva con arreglo a la ley es si un oficial cree razonablemente que un individuo está en peligro inminente, y sería imposible probar lo contrario en esta situación. Aunque no se justificaban los cargos penales, nos preocuparon gravemente algunas de las medidas adoptadas por las oficinas que respondieron y emitimos una serie de recomendaciones que la policía de Nueva York debería tener en cuenta, incluida la de retirar a los agentes de cualquier tipo de actividad rutinaria de aplicación de la ley en materia de tráfico”, sostiene la declaración.
