Por Osvaldo Rodríguez Martínez
El mayor gremio empresarial del país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura afirmó recientemente que, para crear los empleos necesarios a fin de enfrentar el galopante desempleo, se necesita un crecimiento de 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que la contracción alejó notablemente.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó que el PIB de Panamá en el 2019 fue de 3,5 por ciento, más bajo que el año anterior, y que 2020 podría retomar el ascenso con 3,8, una optimista visión que aprecian con recelo líderes sindicales, a partir de la desigual distribución de la riqueza.
El reciente debate del ajuste salarial bienal, que por falta de consenso entre obreros y patronos correspondió decidir al Ejecutivo, incrementó las críticas a la política económica que los sindicalistas califican de neoliberal, pues la prioridad se centró en pagar millonarias deudas a la empresa privada, mientras que fueron conservadores con el salario.
Sobre el tema, el diario La Estrella señaló recientemente que se deben ‘evaluar los impactos que los ajustes podrían tener en el desenvolvimiento y sostenibilidad’ de las operaciones empresariales, porque al final es la productividad lo que generará la prosperidad.
Aunque, al intentar balancear la opinión entre las partes en conflicto, el rotativo señaló que ‘si los ajustes son demasiado bajos, se podría estar afectando los objetivos de protección y superación de la fuerza de la economía formal’.
El presidente del país, Laurentino Cortizo, en su primer informe a la nación fue optimista al señalar que las finanzas públicas es el paso inicial del reordenamiento del ‘desastre’ económico heredado de la administración anterior, y ello creó las condiciones para la reactivación del país y la generación de empleos.
El anuncio presidencial de las obras constructivas que inician o están en el plan del actual año, muchas de ellas con impacto comunitario, animarán el empleo en el sector que en la última década contrató a la mayor parte de la fuerza laboral del país y rescataría algo del empleo formal perdido.
No obstante, para los defensores a ultranza del sector privado, como el economista Marco Fernández, la política correcta sería ‘impulsar y proteger la inversión privada que es siete veces más alta que la inversión pública’, y en una reciente conferencia abogó por atraer inversión extranjera privada.
Sobre este aspecto el actual gobierno busca similar objetivo con la Ley de Asociación Público-Privada (APP), sobre la cual Cortizo aseguró en el informe presentado el 2 de enero pasado, que permite ‘una correcta distribución de riesgo entre el Estado y las empresas contratantes’.
‘Las APP son el más reciente intento por privatizar al Estado panameño’, contradijo en agosto pasado el politólogo Richard Morales, quien calificó ese método de ‘esquema fraudulento de gestión privada de bienes y servicios públicos que disfraza el endeudamiento y aumentan los costos y riesgos’.
En un artículo publicado en La Estrella de Panamá bajo el título APP: subsidio a los multimillonarios, el analista aseguró que el método ‘agudiza los impactos sociales y ambientales, reduce la transparencia, y finalmente desvía los recursos para la inversión social hacia superfluas, pero lucrativas megaobras’.
Sentenció Morales que ‘se despoja a los panameños de los bienes públicos para entregárselo a unos cuantos oligarcas, para que acumulen riqueza a costa de nuestro patrimonio. Privatizar no resuelve necesidades, hace negocios con ellas’.
Centrales sindicales también en su momento expresaron desacuerdo con la ley, porque consideraron que solo beneficia a los inversionistas, con énfasis en los bancos privados con sus excesivos intereses, y en cambio, propusieron un fondo público de inversión con los ingresos del canal interoceánico y una reforma tributaria.
En el centro del debate sobre las probabilidades de que Panamá detenga la desaceleración y emprenda la curva ascendente, sectores oficiales y empresariales apuestan a su gurú Héctor Alexander, actual ministro de Economía; pero desde su pobreza, unos 777 mil panameños sobreviven y ansían el ‘milagro’.
