En tal sentido, recalcaron que el proyecto hace referencia a la protección que debe garantizar el Estado a la población más vulnerable que son los niños, jóvenes y adolescentes indígenas que están en toda la geografía nacional.
Lejandrina Pastor, consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, dijo a Prensa Latina que buscan visibilizar la situación de la niñez indígena, la cual ha sufrido por el conflicto armado.
Es crítica la situación de los niños en zonas donde hay intereses de megaproyectos, pues hay población desplazada. La muerte de los líderes sociales afecta directamente a los menores, hay muchos huérfanos. A muy temprana edad encontramos pequeños con desnutrición, explicó.
Hemos dicho al Estado que tenga en cuenta las pautas de crianzas a nivel de los pueblos indígenas porque no es igual en las diferentes regiones del país, puntualizó.
Pastor precisó que uno de los males que más aqueja a los menores en los territorios originaros es la falta de agua potable.
En zonas apartadas donde no llega el Estado se carece, por ejemplo, de un registro civil, lo cual hace difícil el reconocimiento de los infantes.
También pedimos que se cuenten en el censo, hay muchos niños que quedaron fuera del censo, entonces no existen, remarcó durante un platón que tuvo lugar frente a la sede del Congreso en apoyo a la iniciativa legislativa.
Asimismo, enfatizó en que hay escuelas en las que se da clases debajo de árboles y en épocas de lluvias no se puede.
Hay asentamientos más alejados y cuando crecen los ríos, los niños nos pueden recibir clases por la falta de puentes. Estas cosas donde se conocen es en el terreno, recalcó.
