Por Maitte Marrero Canda
Los funcionarios sostuvieron una reunión con el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, los asesores de Trump y el embajador estadounidense en Guatemala, Luis Arreaga, sin que trascendieran aquí muchos detalles de la agenda enfocada en migración y seguridad.
En conferencia de prensa en esta capital, tras el habitual gabinete de Gobierno de los lunes, el viceministro de Gobernación Enrique Arévalo negó que se prepare un convenio para convertir a Guatemala en receptor de migrantes irregulares, aunque aceptó que se negocia un ‘acuerdo bilateral’, sin ofrecer detalles de cuáles serían las peticiones de Estados Unidos.
Arévalo precisó que ‘nuestro país no puede comprometerse a algo que no puede cumplir’ (tercer país seguro) y justificó el hermetismo porque aún se está negociando, un argumento que no logra convencer y propició acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para impedir, por el momento, que Morales pueda firmar un eventual convenio.
En su fallo, la CC recordó al jefe de Estado que esa potestad estaría solo en manos del Congreso, pero este lanzó la advertencia de que ‘será mi decisión si acato órdenes que se encuentran fuera de la ley’, al presentar un memorial sobre el tema al máximo tribunal de esta nación.
Después del revuelo causado por una negociación tras bambalinas de dos aviones argentinos a un costo de 28 millones de dólares y su posterior suspensión por dictamen de la Contraloría General, al gobierno de Morales parece no importarle mucho la opinión pública.
‘El velo del misterio rodea los tratos que se cocinan. La falta de transparencia nos muestra, de nuevo, el estilo opaco y siniestro del Ejecutivo actual. Y ello trae consigo intranquilidad porque sabemos de lo que son capaces’, publica hoy el escritor y periodista Luis Felipe Valenzuela en una columna del diario Publinews titulada ‘La peor amenaza’.
A su juicio, hay contradicción evidente cuando esperan la resolución de la Corte de Constitucionalidad para cerrar el acuerdo, y a la vez aseguran no buscar que Guatemala se convierta en ‘tercer país seguro’.
‘Que el gobierno no informe de lo que intenta ‘transar’ con Trump, o que lo haga a medias y sin sustancia, causa inmediatas e inevitables especulaciones. Y las especulaciones se vuelven inestabilidad… ¿Por qué someter al país a semejante presión?, se pregunta Valenzuela.
‘¿Cómo evitar percibir que el mandatario busca agradar, al precio que sea, al régimen que podría garantizarle la impunidad que se supone necesita?
‘No me confío del amparo provisional, a modo de prevención, que otorgó la CC para impedir que el gobierno se atreva a convertirnos en un ‘tercer país seguro’… La impresión que dan es que están dispuestos a lo que sea por conseguir su objetivo. Y si eso significa hipotecar el país, lo harán’, concluyó.
Un nuevo capítulo convulso se abre en el escenario político a pocas semanas de la segunda vuelta electoral, y lo peor es que involucra la vida de cientos de miles de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia, incluida buena parte de familias y niños guatemaltecos.
