Por Frank González
Ese castigo, nunca antes aplicado a un país miembro de la Unión Europea (UE), implicaba la implementación de mecanismos para una supervisión reforzada y controles periódicos para verificar el cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas, con vistas a corregir las desviaciones significativas señaladas por la CE.
Con la aplicación de esos controles en un período de tiempo relativamente prolongado, la nación perdía autonomía en el diseño y ejecución de sus políticas económicas, sin contar el perjuicio para la imagen del país, en detrimento de la confianza de los inversionistas.
En manos del primer ministro, Giuseppe Conte, y su titular de Economía y Finanzas, Giovanni Tría, se concentró la interlocución con la CE, convencidos de que era factible cumplir con sus demandas a partir de mayores ingresos fiscales que los esperados y un reacomodo de los gastos previstos en el presupuesto para este año.
EL PAQUETE DE MEDIDAS
En procura de un entendimiento con el órgano regional, el gobierno aprobó el 1 de julio último un paquete de medidas para lograr una reducción de la deuda en 7,6 miles de millones de euros en comparación con los estimados realizados en el Documento de Economía y Finanzas de abril.
En opinión del ejecutivo, todo eso se hizo sin afectar ‘el compromiso del gobierno a favor del crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad financiera del país, prioridades todas que serán confirmadas también en la próxima ley del presupuesto 2020’.
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluyó el proyecto de ley de ajuste del presupuesto 2019, con una corrección de 6,1 miles de millones de euros por ingresos fiscales superiores a los planificados.
Como garantía de ahorro acumulado, abarcó también el congelamiento de mil 500 millones de euros provenientes de una menor utilización de los recursos asignados para medidas de beneficio social como el ingreso mínimo establecido y la jubilación anticipada, ‘por demandas inferiores a las esperadas’.
El consecuente ajuste estructural del presupuesto -indicó el Ministerio de Economía y Finanzas al explicar el paquete de medidas- superará el 0,3 por ciento del PIB, en comparación con el deterioro de 0,2 puntos porcentuales previstos en el acuerdo con la CE en diciembre de 2018.
De esa manera, el gobierno consideró que las finanzas públicas italianas cumplen ‘ampliamente’ con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que las disposiciones aprobadas crean las condiciones para desestimar por injustificado el inicio de un procedimiento de infracción por deuda excesiva.
Así respondió Italia a los señalamientos realizados por la CE el 5 de junio último en su Paquete de Primavera 2019, con los cuales confirmó su apreciación sobre el insuficiente progreso en la reducción de la deuda en 2018, al incumplir con los ajustes sugeridos con vistas a los objetivos presupuestarios a mediano plazo.
LA RESPUESTA DE LA COMISIÃ’N EUROPEA
En el informe presentado posteriormente ante el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, con la propuesta de emprender el proceso de penalización, la CE señaló que la deuda italiana ascendió en 2018 al 132,2 por ciento del PIB del país, con más de 65 mil millones de euros por el pago anual de intereses.
Además del incumplimiento en 2018, la CE prevé que el endeudamiento llegará al 133,7 por ciento del PIB este año y a 135,2 en 2020, con la advertencia de que para descender al 60 por ciento establecido por las normas europeas, Italia deberá acumular un esfuerzo fiscal igual al 10,2 por ciento de su PIB entre 2021 y 2025.
Tras evaluar el paquete de medidas diseñado por el gobierno italiano, la CE rectificó su apreciación inicial y retiró la propuesta de iniciar el procedimiento de infracción.
En una comunicación dirigida al Consejo Europeo, el órgano regional consideró suficientes las medidas planteadas por el gobierno para subsanar los problemas señalados, aunque puntualizó que controlará su implementación.
En ese sentido, señaló que monitoreará de cerca la ejecución del presupuesto de 2019 y evaluará el proyecto de plan para 2020, a la luz de las exigencias regionales respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Más aún -apuntó el documento- los progresos de las reformas estructurales incluidas en las recomendaciones específicas al país serán clave para asegurar un mayor crecimiento y por lo tanto, contribuir a disminuir la relación entre la deuda y el PIB.
La decisión de la CE repercutió de inmediato en los mercados financieros con ganancias en la Bolsa de Milán y un descenso por debajo de los 200 puntos del diferencial entre los Bonos del Tesoro Plurienales (BTP) italianos y el Bund alemán, indicador que refleja de alguna manera el nivel de confianza en el país.
Conte, por su parte, saludó el resultado de las negociaciones al afirmar a través de una declaración publicada en Facebook que ‘Europa nos reconoce seriedad y responsabilidad’, a pesar de que ‘no fue fácil y muchos estaban listos para apostar contra nosotros’.
Otras fueron las opiniones de opositoras, como la presidenta de la bancada de Fuerza Italia en la Cámara de Diputados, María Stella Gelmini, quien expresó -según Il Fatto Quotidiano- que el procedimiento de infracción se evitó gracias al ‘fracaso’ de medidas como el ingreso mínimo establecido y la jubilación anticipada.
A su vez, la exministra y diputada por el Partido Democrático, María Elena Boschi, indicó en un mensaje en Twitter que todo fue posible ‘porque nuestros proyectos de facturación electrónica y fisco digital aportaron más de 2,9 miles de millones de euros, salvando a Italia’.
