Por Maitte Marrero Canda
A cambio, si llegaba al poder, esta estructura criminal tendría el paso aéreo y aduanal libre para la entrada de droga a este país camino a territorio norteamericano, según adelantó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Inscrito por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala desde febrero, el presidenciable de UCN se jactaba en sus discursos de campaña de estar libre de financiamiento ilícito y que los señalamientos en contra de su agrupación correspondían al antiguo partido -con las mismas siglas- de Jorge Carpio Nicolle.
Analistas apuntan que la intervención del narcotráfico en las contiendas electorales es un secreto a voces y data de 1986, con la participación de Carpio, quien fuera asesinado.
Un resumen publicado por el diario Prensa Libre recuerda que uno de los mayores financistas de ese extinto partido fue Arnoldo Vargas, quien ganó la alcaldía de Zacapa (1986-1990), y posteriormente resultó capturado y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de 30 años por narcotráfico, hasta su regreso a este país centroamericano en 2017.
Más cercano en el tiempo aparece Manuel Baldizón, otrora candidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada en dos ocasiones, 2011-2015, y hoy a merced de la justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero.
Los guatemaltecos tienen fresca en la memoria las denuncias contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti por vínculos con el cartel conocido como Los Zetas.
Baldetti habría negociado directamente con este grupo criminal antes de jurar el cargo junto al expresidente Otto Pérez Molina en el 2011, por el clausurado Partido Patriota, precisamente por financiamiento electoral ilícito.
Actualmente enfrenta aquí varios señalamientos por corrupción -solo fue condenada por el caso Agua Mágica relacionado con la limpieza del Lago de Amatitlán-, pero una vez termine con la justicia guatemalteca podría ser extraditada a Estados Unidos sindicada de ‘delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas’.
La petición la hizo la embajada de ese país ante el Ministerio Público y posteriormente al Organismo Judicial.
El poderoso brazo del narcotráfico en la política también ha sido ampliamente documentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), que a la larga se volvió tan incómoda para las estructuras de poder que hoy sus labores están en suspenso, una decisión muy cuestionada por parte del presidente Jimmy Morales.
Según el informe ‘Financiamiento de la política en Guatemala 2015’, las grandes sumas de dinero que se invertían en el proceso electoral provenían de organizaciones criminales, entre ellas, el narcotráfico. De acuerdo con la Cicig, son muchas las voces que han señalado que estructuras criminales dedicadas al narcotráfico han penetrado la política y la institucionalidad pública, pero son pocos los casos documentados.
Con la captura de Estrada junto a Juan Pablo González Mayorga, acusado de los mismos delitos, ‘conspiración para pedir dinero al cartel de Sinaloa para financiar un esquema corrupto para elegir a Estrada como presidente de Guatemala’, se abre un nuevo capítulo de suspenso.
Quizá lo que más llama la atención en este caso, es que el secretario general de UCN supuestamente pretendía el asesinato de sus rivales políticos, al estilo de las películas del más rancio oeste.
Ambos identificaron blancos específicos por su nombre y acordaron suministrar a sicarios las armas, incluidos rifles AK-47, para llevar a cabo este propósito, a pesar de la firma de un pacto de no agresión vigente entre las organizaciones políticas.
Informes y grabaciones de la agencia antidroga estadounidense sustentan el abultado expediente de Estrada, uno más que sale a la luz e impacta una contienda electoral rehén de la politización de la justicia.
