El Título III de la Ley Helms Burton posibilita a ciudadanos estadounidenses reclamar ante reclamar ante cortes de su país propiedades nacionalizadas por la Revolución Cubana en los primeros años de la década de 1960.
La entrada en vigor de dicho acápite no solo afectaría a la isla, sino también a compañías de terceros países con importantes inversiones en sectores como el turismo, la minería y el energético.
La escalada en las agresiones de Washington a La Habana no termina ahí, la víspera el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también anunció que fortalecerán la aplicación del Título IV, que restringe la entrada al país de quienes al decir de Washington hayan ‘confiscado’ propiedades de estadounidenses en Cuba o que ‘traficado’ con dichos bienes.
Los cubanos residentes en Nicaragua condenaron también la aplicación de estas restricciones que califican como ‘formas de recrudecer el criminal bloqueo que las administraciones norteamericanas han mantenido, desde el mismo Triunfo de la Revolución Cubana’.
En el comunicado los integrantes de la ACRN señalaron que dichas sanciones limitan el derecho al desarrollo de la economía, intentan socavar la independencia y subyugar la moral del pueblo de la isla.
Sin embargo, enfatizan, la dignidad del pueblo de Cuba y de la dirección del Gobierno Revolucionario, jamás se podrá doblegar con este tipo de medidas, que violan los más elementales principios del Derecho Internacional.
Por último señalan que el diálogo es la única vía para solucionar las diferencias entre Washington y La Habana, pero, aclaran, en igualdad de condiciones y sin menoscabar la independencia y soberanía de la mayor isla de las Antillas.
