NUEVA YORK.- Los empleadores que tomen represalias contra los trabajadores amenazándolos con denunciarlos por su estatus migratorio ante las autoridades federales de migración, tendrán en adelante que pensarlo dos veces. La Fiscalía General del Estado anunció este miércoles un proyecto de ley que busca hacer rendir cuentas a los empleadores que caigan con esta práctica
De acuerdo con la fiscal general Letitia James, la legislación enmendaría la Ley Laboral de Nueva York para puntualizar que las represalias ilegales incluyen, ponerse en contacto o amenazar con contactar a las autoridades de inmigración acerca de la sospecha de ciudadanía o estatus migratorio de un empleado, o la sospecha de ciudadanía o estado migratorio de la familia o miembro de la familia de un empleado.
“Este proyecto de ley representará un paso importante hacia la protección de algunos de nuestros trabajadores más vulnerables al garantizar que no sean silenciados o castigados por amenazas relacionadas con su estatus migratorio”, declaró James durante el anuncio.
La violación de esta ley sería un delito menor de Clase B y conllevaría hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta $ 20,000.
La fiscal general agregó que el estado de Nueva York fue construido por inmigrantes y siempre se ha mantenido orgulloso como un faro de esperanza y oportunidad para todos, sin importar dónde hayan nacido.
El anuncio del proyecto de enmienda se produce inmediatamente después de los informes de que una empleada del club de golf del presidente Trump fue amenazada con ser deportada si se pronunciaba contra su jefe. La oficina de la Fiscal General de Nueva York también ha recibido numerosos reportes de amenazas similares hechas a empleados por otros empleadores.
La Fiscalía General del Estado argumentó que los inmigrantes han enfrentado durante mucho tiempo niveles desproporcionados de explotación y abuso en el lugar de trabajo.
Los estudios han demostrado que los inmigrantes son más propensos a ser víctimas de robo de salarios, acoso sexual, errores de clasificación y violaciones de seguridad en el lugar de trabajo que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
“Con un gobierno federal que se ha mostrado antagónico con los inmigrantes, esta disparidad de larga data se ha agravado más que nunca, y los empleadores depredadores están recientemente envalentonados para explotar la cultura del miedo que la Administración Trump ha creado. Cada vez hay más informes de que los trabajadores inmigrantes vulnerables están siendo amenazados con la deportación y otras consecuencias relacionadas con la inmigración para evitar que denuncien condiciones de trabajo ilegales o peligrosas”, insistió la fiscal general.
La actual Ley Laboral de Nueva York establece que un empleador no puede despedir, amenazar, penalizar o discriminar a un trabajador que denuncie o se queje de salarios mínimos, horas extras u otras violaciones de salarios y horas. Esta legislación codificaría la definición de conducta de represalia para incluir amenazas contra una persona con respecto a su estatus migratorio.
