Opinión

Insólito ataque a la libertad de expresión

La intolerable actuación del magistrado Miquel Florit confiscando los teléfonos móviles a dos periodistas para comprobar sus fuentes de información supone uno de los más graves ataques a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad de nuestra reciente historia democrática. La medida del juez, que también ha ordenado un registro de llamadas del redactor de Diario de Mallorca y de la redactora de Europa Press, es sin lugar a dudas desproporcionada, ya que el daño que está causando (la vulneración de un derecho fundamental) es mayor que el beneficio que pretende restaurar (detectar al autor de una filtración). Si Florit no rectifica este atropello, serán sus superiores o la Justicia europea quien con toda seguridad lo hará, recurriendo a su abundante jurisprudencia.

Pero si resulta insólita la actuación del juez, más lo es la del ministerio público, ya que sin el apoyo explícito de la Fiscalía General del Estado es dudoso que el magistrado se hubiera atrevido a quebrantar de manera tan flagrante el artículo 20 de la Constitución. Porque el secreto profesional, un derecho que ampara a los periodistas para no revelar sus fuentes, no solo es una garantía para la libertad de expresión, sino una protección para quienes facilitan información relevante.

Concentración de protesta el miércoles de periodistas de Menorca frente al Juzgado de Mahón, por la decisión del juez de Palma de requisar teléfonos privados a periodistas en Mallorca. EFE

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