La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado denuncia que la reforma educativa del Gobierno permite un «uso marginal» del castellano. Afea al Ministerio de Educación que haga una «delegación total» en las comunidades autónomas respecto a la lengua y le insta a fijar en su anteproyecto de ley orgánica una «proporción mínima» de español que debe garantizarse en las aulas de toda España.
Así lo establece el informe de la ponencia a la ley Celaá que la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa aprobó el pasado lunes. El borrador, al que ha tenido acceso EL MUNDO, deberá ser ratificado por todos los consejeros en el Pleno que se celebrará el próximo 8 de enero y es susceptible de ser modificado o rechazado. Pero la Permanente, que es un órgano más reducido formado por el presidente, el vicepresidente y la cuarta parte de cada uno de los grupos de consejeros, ya ha dejado puesto por escrito que Cataluña vulnera la Carta Magna: «Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado y se incumple el artículo 3 de la Constitución Española, cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
«Al ser la lengua castellana patrimonio común de todos los españoles», prosigue la observación número 60 al apartado 72 de la ley, «no parece conveniente que la Administración central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas».
La ley Celaá entrega a Cataluña la potestad para decidir qué materias se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y elimina la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una «proporción razonable». La palabra «razonable» ha desaparecido del redactado y, aunque la ministra Isabel Celaá aseguró ayer que este término no añade nada, el Consejo Escolar opina lo contrario. De hecho, su propuesta -que surge a partir de una enmienda de las familias de la Concapa– es que la Administración central «fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana en todo el Estado, como lengua oficial que es».
El borrador también recomienda que en el artículo que habla del reparto competencial se incluya un punto sobre la «coordinación de las políticas educativas de las diferentes comunidades autónomas con el fin de garantizar una homogeneización en todo el Estado español».
Propone, además, que «por la importancia y el rigor» que deben tener las evaluaciones de diagnóstico, no sean competencia de las comunidades autónomas, como dice ahora el anteproyecto, sino que su diseño lo realice el Ministerio y después su aplicación corresponda a los gobiernos regionales. «Parecería más adecuado que hubiera una coordinación estatal en este tema y unos indicadores comunes a todo el Estado español», plantea. Y reclama «actuaciones conjuntas y coordinadas a nivel nacional» con el fin de «asegurar que todos los alumnos realizan evaluaciones de diagnóstico de forma homogénea y comparable».
El informe de la ponencia, de 33 páginas y 75 observaciones, es un varapalo a la ley Celaá. Aunque no es vinculante, este tipo de trabajos suelen ser tenidos en cuenta por los gobiernos, pues están hechos por los mayores expertos en legislación educativa. Además de incluir valoraciones concretas, incorpora observaciones generales que marcan el posicionamiento del Consejo Escolar.
Por ejemplo, tira de las orejas al Gobierno por no incluir un compromiso explícito de financiación del 5,5% del PIB, a pesar de que ésta fue la razón del PSOE para salirse del pacto de Estado. O le reprende por incurrir en la exposición de motivos en «juicios de valor» que «están fuera de lo que debiera ser la redacción de un proyecto de ley orgánica». También hace recomendaciones para profesionalizar la función directiva; pide poner Historia del Mundo Contemporáneo como materia común en todo el Bachillerato; plantea que «el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa» esté en la ley, y sugiere que las familias no tengan que adelantar el dinero de las becas, como sucede ahora con la Lomce.
