(PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó hoy la postura de 20 exmandatarios de Europa y América Latina que rechazan la continuidad del proceso de cambio con su repostulación en 2019.
Los exjefes de Estado enviaron un documento a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) solicitando estar ‘vigilantes’ al país suramericano tras la habilitación de Morales para las elecciones del próximo año, así como disponer medidas preventivas y efectivas necesarias a la supuesta ruptura del orden constitucional y democrático bajo el actual Gobierno boliviano.
‘No sé si los 20 expresidentes tienen cierta conciencia social, sentimiento de la humanidad; claro, ellos representan al capitalismo y más defienden al capitalismo y al imperio que al pueblo o a los pueblos del mundo’, declaró Morales.
Esa posición -añadió- rechaza ‘la candidatura de obreros, campesinos y la gente pobre de Bolivia’ y por ende la política de nacionalización que cambió la situación económica del país, sometida a una política neoliberal por 20 años caracterizada por el saqueo de los recursos naturales y la privatización de empresas estratégicas.
Sin embargo, en los últimos 12 años la economía boliviana registró un crecimiento promedio de un 4,9 por ciento de 2006 a 2017, periodo en el que más de tres millones de personas salieron de la pobreza, según datos oficiales.
El jefe de Estado resaltó la legalidad de su repostulación y quienes decidirán si es electo o no en 2019 es el pueblo.
Por otra parte, el canciller Diego Pary, desde Marrakech, Marruecos, declaró a la radio Panamericana que su país actúa sobre la base de la Constitución y normas internacionales, y cualquier pronunciamiento al margen de la normativa y la Carta Magna no será relevante.
Destacó que Bolivia asistió ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con argumentos a exponer los procedimientos aplicados en la Sentencia No 0084/2017 desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
El 5 de diciembre fue realizada en Washington, Estados Unidos, una audiencia pública de la CIDH, donde Pary junto al ministro de Justicia, Héctor Arce, alegaron ser una nación que consolida un sistema democrático real y propio, con identidad, con amplia participación social y con fuertes componentes de inclusión social.
