‘Se aprueba una medida que definirá el rumbo de la salud fiscal de nuestro gobierno y el uso de gran parte de nuestros fondos públicos por las próximas cuatro décadas, sin ningún tipo de análisis público ni debate’, dijo.
La Asamblea Legislativa y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares se pusieron de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Estados Unidos, para reformar la ley de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) con el propósito de satisfacer las exigencias de un grupo de acreedores de la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a más de 73 mil millones de dólares.
Prados, acompañada de Justo Méndez Aramburu, también portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, acusó a la Asamblea Legislativa de nuevamente claudicar a su responsabilidad de fiscalizar para servir de sello de goma de la Rama Ejecutiva, como cuando decidió no dar paso a una auditoría de la deuda.
‘Hoy le carga las maletas a la junta de control fiscal sin ni siquiera realizar vistas públicas, pese a las advertencias de expertos y de la ciudadania, de que el acuerdo con las acreedores de Cofina nos llevará a un nuevo impago’, expresó.
La letrada anticipó que el Frente Ciudadano seguirá firme en exigir otra forma de hacer gobierno y en fiscalizar desde la ciudadanía todo lo relativo a la deuda pública.
La aprobación de la enmienda a la ley de Cofina avalará un acuerdo entre la JSF y un grupo de bonistas que conducirá a daños económicos y sociales para generaciones de puertorriqueños, según los expertos.
Prados manifestó que el acuerdo privilegia a los acreedores más poderosos, en su mayoría fondos buitres, por encima de los bonistas del patio, comprometiendo al pueblo a pagarles hasta 93 centavos del dólar del valor original de los bonos categoría senior, a pesar de que la mayoría los compró cuando su valor era de 10 ó 15 centavos de dólar.
