La solicitud fue presentada por familiares de las víctimas civiles de dos matanzas por las que en 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, y por organizaciones de derechos humanos, a partir de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dictamen indica que la justicia peruana debe verificar, entre otros aspectos, si el indulto es un impedimento para que se haga justicia a las víctimas del exgobernante (1990-2000) y analizar los cuestionamientos que motiva, y pone en duda que se ajuste a los estándares internacionales.
Los impugnadores del indulto cuestionan su fundamento en razones humanitarias, ya que fue dado en realidad por razones políticas, a cambio de que un grupo de parlamentarios simpatizantes del exgobernante impidieran con su abstención la destitución de Kuczynski por el Congreso de la República.
También hay cuestionamientos a la evaluación médica veloz invocada para justificar el indulto, aunque Fujimori declaró en días pasados que no le preocupa la revisión porque sufre de fibrilación auricular, afección muy riesgosa, según dijo.
Fujimori recuperó la libertad cuando había cumplido poco más de diez de los 25 años de su condena, que se cuenta desde que en 2007 fue detenido con fines de extradición en Chile, país al que llegó ilegalmente desde Japón, a donde fugó en el año 2000.
