Por culpa de los que roban minerales, las empresas estatales pueden llegar a la quiebra y la labor de sus trabajadores sería en vano, aun cuando garantizan la producción, expresó.
Igualmente señaló que todos están en la obligación de cumplir la norma pues esta beneficia no solo a las compañías mineras del Estado, sino también al pueblo boliviano.
La nueva ley incorpora cinco artículos al Código Penal para sancionar el robo, hurto o receptación de mineral con la privación de libertad por un periodo de entre uno y 10 años, dependiendo de las agravantes.
La misma también contempla castigos para aquellos que compren y exporten minerales robados.
Según datos oficiales, el robo de minerales por parte de los ‘jucus’ (ladrones de minerales), genera una pérdida de al menos 24 millones de dólares al año.
