Asimismo, miembros de los movimientos políticos Marcha Patriótica, Colombia Humana, de Víctimas del Estado y de varios sindicatos de esa localidad colombiana fueron amenazados de muerte.
Organizaciones sociales instaron a la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro, a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, seguridad personal y psicológica de las personas que aparecen nombradas en el documento.
Entre enero de 2016 y junio de 2018 asesinaron 78 líderes en el Cauca, bastión de la lucha indígena y campesina en Colombia, defensora de los acuerdos de paz y de la sustitución de los cultivos de uso ilícito.
Muchas de las muertes están ligadas a los procesos de restitución de tierras, el 83 por ciento de los homicidios este año, conflictos asociados a la protección del medio ambiente y la defensa del territorio frente a intereses privados.
Datos de la Procuraduría Nacional de Colombia revelan que más de 300 líderes sociales y políticos has sido asesinados en los dos últimos años en ese país suramericano.
