La consulta plantea siete interrogantes, sobre las que la población debe votar negativa o positivamente, con el fin de apoyar o desestimar prácticas que dan lugar a hechos de corrupción en todos los niveles de la administración pública.
De aprobarse el referendo, los elegidos a cargos públicos deben publicar anualmente las declaraciones de renta, bienes, patrimonio, impuestos y conflictos de interés.
Se disminuiría, además, el salario de los congresistas, quienes, igualmente, deberán rendir cuentas periódicas de su gestión.
Los condenados por corrupción tendrían que pagar sus penas en la cárcel y estarían excluidos del derecho a reclusión especial.
Para que cada pregunta sea válida debe ser votada, al menos, por la tercera parte del censo electoral de Colombia que contempla a unos 36 millones de electores; es decir por más de 12 millones de ciudadanos.
El gobierno tendrá tres meses para convocar a los colombianos a votar el referendo anticorrupción.
