El Gobierno estadounidense quiere conocer los perfiles y cuentas en redes sociales que tengan y hayan tenido antes de entrar a EE UU los solicitantes de visado. La Administración de Donald Trump se había planteado hace meses incorporar este requisito a aquellos extranjeros que solicitasen un visado de inmigración, pero el viernes registró un plan para hacerlo extensible a todos, lo que afectaría a entre 10 y 14 millones de personas cada año, según distintas estimaciones.
Con esta propuesta, los que quieran visitar el país y necesiten un visado, independientemente del motivo del viaje y la duración, deberán informar de todas las identidades que han manejado en redes sociales en los cinco años previos, lo que incumbe a una veintena de plataformas, de Facebook a Twitter, pasando por Instagram, Flickr, LinkedIn o Flickr, entre otras. La Administración también quiere conocer todas las direcciones postales, electrónicas o números de teléfonos usados en ese lustro previo al visado. Quedan al margen los diplomáticos y los viajeros exentos de visado.
El departamento de Estado sostuvo en un comunicado que “mantener niveles de control fuertes para los solicitantes de visado es una práctica dinámica que debe adaptarse a los riesgos emergentes”, pero la polémica es ya palpable. Ahora se abre un plazo de 60 días para alegaciones al plan, que exige la luz verde de la Oficina de Gestión del Presupuesto, y algunas entidades han expresado quejas.
La ACLU, siglas en inglés de la histórica asociación por la defensa de los derechos civiles, advierte de que este requisito “para recolectar montones de información de las redes sociales” resultará ineficaz a la hora de detectar a posibles criminales, pero tendrá efectos “escalofriantes” en la libertad de expresión, en el sentido de que uno puede temer que sus opiniones políticas o sobre cualquier asunto puedan levantar algún tipo de sospecha o resquemor en el funcionario encargado de valorar su solicitud de visado.
“La gente ahora se tendrá que preguntar si lo que dicen en Internet puede ser tergiversado o malinterpretado por un empleado del Gobierno”, señaló Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “También nos preocupa la firma en la que la Administración de Trump define un término vago y amplio como el de ‘actividades terroristas’, porque es inherentemente político y puede utilizarse para discriminar a inmigrantes que no han hecho nada malo”, añadió.
Trump se estrenó con un veto migratorio a refugiados de siete países musulmanes con el argumento de mejorar los controles, medida tumbada por los tribunales y luego reactivada en parte por el Supremo mientras decide el fondo del asunto.
