Si bien en las semanas previas a las declaraciones autoridades del Ministerio Público y parlamentarios subrayaban que Barata, por las reglas de la colaboración con la justicia en Brasil, no podía mentir ni callar nada, los presuntos financiados rechazan la veracidad de sus afirmaciones.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, volvió hoy a negar que haya recibido 300 mil dólares para su campaña de 2011, como afirma Barata, y anotó que este ‘no ha ofrecido ninguna prueba’ y que el asunto se investigará para demostrar que no hubo tal aporte.
Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la embajadora de Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente, señalada por Barata como receptora de la contribución, solo respondió que ‘yo no sé nada de eso, habrá que preguntarle a la embajadora’, quien también niega lo afirmado por el brasileño.
Similar declaración hizo, aunque a la distancia y mediante un vídeo, desde España donde radica, el expresidente Alan García, sobre el aporte de 200 mil dólares que, según Barata, hizo Odebrecht a su campaña triunfante de 2006, a través del dirigente Luis Alva Castro, quien, según García, debe responder al respecto.
Esencialmente es lo mismo que dice la dirigente neoliberal Keiko Fujimori sobre la contribución de un millón 200 mil dólares, que Barata afirma entregó al jefe de la campaña fujimorista de 2011, Jaime Yoshiyama; y a otros dos intermediarios, que igualmente lo niegan.
Igual sucede con el expresidente neoliberal Alejandro Toledo (2001-06) -prófugo de la justicia en Estados Unidos-, cuyo abogado, Heriberto Benítez, dijo que quien debe responder es Abraham Dan On.
Dan On es un exagente de inteligencia israelí que fue jefe de seguridad de Toledo durante su gobierno y a quien Barata afirma le entregó 700 mil dólares para la campaña de 2011.
Como todos los mencionados, los abogados del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia -mencionados con anterioridad por el testigo, dicen que Barata no tiene pruebas que demuestren que les entregó cerca de tres millones de dólares, en efectivo.
Para el diario La República, la defensa de los políticos mencionados ayer, de que no recibieron dinero personalmente, es ‘una coartada tan manoseada como inconsistente’ y usual en los casos de corrupción y contribuciones electorales en el mundo.
Las declaraciones de Barata incluyen detalles de contexto por investigar, como lugares de entregas y referencias a los registros financieros de Odebrecht o de llamadas telefónicas, por lo que el caso puede extenderse en el tiempo.
El diario La República recordó, además, que el organismo electoral dictaminó que los responsables de la campaña de Kuczynski de 2011 no explicaron el financiamiento de gastos de propaganda por más de 300 mil dólares ni la recaudación de aproximadamente 740 mil dólares en una recepción proselitista en un hotel de lujo.
El analista Sinesio López auguró con escepticismo que las afirmaciones del brasileño ‘no van a producir ningún terremoto político sino sólo un escándalo de medianas proporciones’, aunque pondrán en evidencia las mentiras de quienes insisten en negar que recibieron aportes electorales de Odebrecht.
Sin embargo, advierte que ‘El terremoto puede producirse cuando Barata hable de las coimas pagadas a los altos funcionarios’ y de las maniobras legales de presidentes y ministros para facilitar la corrupción de la empresa brasileña, tema que fue separado del de aportes electorales.
Otro aspecto del caso que está por verse es lo que harán los intermediarios si se demuestra que recibieron el dinero, apunta el comentarista Augusto Álvarez, quien se pregunta si tendrán carácter para guardar silencio y encubrir a su respectivo líder.
Evoca el caso de Agustín Mantilla, quien bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) era secretario general del Partido Aprista y hombre de confianza del líder de la organización, Alan García, y que cuando un vídeo lo mostró recibiendo un soborno de aquel régimen, asumió responsabilidad exclusiva, sin comprometer a su jefe.
Álvarez considera penoso que haya políticos que digan que no sabían de donde salía el dinero de sus campañas, ‘tan penoso como pensar que se les va a creer que no sabían nada del tema’.
‘El problema de fondo es una comunidad política corrupta que diseña leyes para no informar sobre el financiamiento de campañas ni asumir responsabilidad por su origen’ y elimina controles y normas que penen la recepción de fondos indebidos, apuntó.
