Para los tres magistrados, Lula se benefició de las obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una finca en Atibaia, en Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
Tal veredicto, en segunda instancia, no afectará la actual situación del exdirigente obrero, quien salió en libertad el 8 de noviembre tras cumplir 580 días de prisión por otra condena en el caso del apartamento triplex de Guarujá, también en Sao Paulo.
El expresidente abandonó la sede de la Policía Federal de la sureña ciudad de Curitiba después de que el Supremo Tribunal Federal anuló el entendimiento que permitía el arresto tras la finalización de las apelaciones en la segunda instancia de justicia.
Con la decisión del TRF-4 este miércoles se dio, sin embargo, un paso más hacia la ratificación definitiva de la sanción que podría enviar al fundador del Partido de los Trabajadores nuevamente a la cárcel.
El caso Atibaia es la segunda condena del exsindicalista en la operación Lava Jato. Por este expediente cumplía 12 años y 11 meses de cárcel.
La defensa del exmandatario afirma que a pesar de haber apelado contra el castigo de la jueza Gabriela Hardt en febrero, el proceso no estaba listo para ser juzgado y hubo un procedimiento ‘injustificadamente acelerado’.
