A través de ese mecanismo Washington se arroga el derecho de promover un juicio contra aquellas personas de terceros países que inviertan en el territorio caribeño en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959.
Según un comunicado emitido este miércoles por el Departamento de Estado, el secretario de esa entidad federal, Mike Pompeo, decidió mantener la suspensión de la polémica medida desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, aunque continuará la excepción dada a conocer el 4 de marzo último.
En esa fecha Washington prorrogó por 30 días la puesta en vigor del Título III, algo que también había hecho por un plazo de 45 días en enero.
Sin embargo, señaló el mes pasado que a partir del 19 de marzo se permitiría presentar demandas en las cortes estadounidenses contra unas 200 empresas de la isla incluidas en una lista unilateral del Departamento de Estado por supuestos vínculos con la defensa y la seguridad nacional.
La aplicación del título III había sido suspendida por todas las administraciones estadounidenses desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996, dados los perjuicios que implicaría su puesta en práctica, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la Unión Europea (UE).
Pero mientras las prórrogas de esa suspensión siempre se realizaban cada seis meses, los tiempos se redujeron desde enero pasado en medio de las amenazas de la administración de Donald Trump de permitir su plena entrada en vigor como parte de su creciente hostilidad hacia la isla.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Pompeo informó hoy a los comités correspondientes del Congreso que las determinaciones sobre el tema son necesarias ‘para los intereses nacionales de Estados Unidos’ y acelerar la transición a lo que Washington califica de ‘democracia en Cuba’.
El Gobierno norteamericano, criticado por diferentes voces dentro y fuera del país por sus intentos de promover un cambio de régimen en la isla, volvió a citar la cuestión de los derechos humanos como justificación para las medidas contra la nación antillana.
Analistas apuntan que solo la amenaza de la aplicación del Título III provoca incertidumbre y busca disuadir a los interesados en invertir en la mayor de las Antillas, con el consiguiente impacto en su desarrollo económico.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, expresó esta semana en Washington a Pompeo; a legisladores; y al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, la preocupación de su Gobierno y de la UE ante un recrudecimiento de las sanciones contra Cuba.
