Texto y Fotos: Maitte Marrero Canda
Los homenajes se multiplican este viernes en dos puntos capitalinos que sirvieron de tribuna para expresar la indignación de los guatemaltecos al conocer la crítica situación por la que atravesaban quienes vivían en el Virgen de la Asunción.
En primer lugar, la casa donde se suponía estarían seguros y ocurrieron los hechos; también la plaza de la Constitución, escenario entonces de congregación de cientos de personas consternadas por los sucesos y de un pequeño altar de cruces de madera que resisten el paso del tiempo.
Ha sido difícil arrancarlas, pese a varios intentos siguen ahí, a la vista de todos, como recordatorio de un crimen que la propia ciudadanía se negaba a creer en la medida en que salían a la luz los detalles del 7 y 8 de marzo de 2017.
Por un ‘intento’ de escape -porque más tarde se supo que entonces sí les abrieron las puertas-, 56 niñas y adolescentes fueron colocadas en un aula de 7 x 6,8 metros, sin siquiera un baño.
Después de pasar la noche encerradas como castigo, el 8 de marzo muy temprano pedían salir al baño y ducharse por la orina y las heces que las cubrían.
La tensión crecía entre las ‘indisciplinadas’ y quienes estaban afuera; entonces una encendió una colchoneta con el fin de que las dejaran salir, pero… nadie abrió la puerta; mucho tardó en ‘aparecer’ la llave.
Después de gritos y minutos interminables de fuego (alcanzó los 300 grados centígrados), encontraron a 19 calcinadas y 22 fallecieron más tarde en hospitales.
Solo 15 sobrevivieron para contar la historia de los vejámenes que soportaron de los monitores desde el día en que fueron llevadas al albergue, supuestamente para protegerlas de abusos de sus familiares.
Aunque muy triste, lo cierto es que la situación de vulnerabilidad de esos centros no es exclusiva del Hogar Seguro y hoy sigue latente a pesar de las alertas.
En el caso de las 15 niñas sobrevivientes, el Congreso de la República acordó otorgarles una pensión vitalicia de cinco mil quetzales mensuales (casi 700 dólares) en los primeros tres años y, posteriormente, una mensualidad equivalente a un salario mínimo, casi tres mil quetzales (395 dólares).
Una continúa recuperándose en Estados Unidos y otra, que aportó información valiosa en el proceso penal, se encuentra desaparecida desde noviembre de 2018.
Según Édgar Gómez, de la sección de la Fiscalía de Femicidio, los casos a examen de la justicia están divididos en tres fases por su complejidad.
En el primer grupo aparecen el exsecretario de Bienestar Social Carlos Antonio Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres, quienes tienen programado el inicio de debate para el 27 de mayo por los presuntos delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra menores y abuso de autoridad.
En el segundo, están personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional Civil, y se espera que este 11 de marzo arranque la audiencia de ofrecimiento de pruebas.
La tercera fase involucra a la jueza de paz Rocío Murillo, su secretario Rolando Miranda y las extrabajadoras de la SBS Ofelia Campos y Flor de María López, aunque ni siquiera tuvieron audiencia de primera declaración.
Mientras llega el día de las posibles condenas, la madre de Ashly Rodríguez asiste a cada audiencia en espera de que los amparos no retrasen más el veredicto.
Ella, junto a otros familiares, no piden venganza porque ya nadie le devolverá a sus niñas, sino sentar un precedente para que no se vuelva a repetir una tragedia que conmocionó a Guatemala y buena parte del mundo.
