La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas de Trump
EFE
Un tribunal federal de apelaciones rechazó este sábado dejar vía libre a que el Gobierno estadounidense pueda reanudar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, al dar la razón a un fallo de una corte inferior que había bloqueado las políticas de la Administración Trump.
El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.
En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.
Argumentos presentó la jueza
«Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.
La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».
- La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.
En enero, Trump restableció la «expulsión inmediata» de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
