Sin papeles y con un tumor cerebral, el caso de la salvadoreña Sara Beltrán Hernández ha puesto una vez más sobre la mesa el debate sobre el trato humano o inhumano que se le da a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos bajo la custodia del gobierno federal. Beltrán, de 26 años y madre de dos niños, fue detenida en el centro de Prairieland, en Alvarado, Texas, mientras pedía asilo para quedarse en el país. A principios de febrero comenzó con problemas de salud: dolores de cabeza, mareos, pérdida de memoria, entre otros. Según información de Associated Press, el 11 de febrero colapsó. Ahora está echando un pulso a la Administración de Trump.
Tras los primeros síntomas la llevaron al hospital Texas Health Huguley en Burleson, donde le diagnosticaron un tumor cerebral y fue puesta en una lista de espera para una cirugía de emergencia. Pero el miércoles 22 de febrero el Servicio de Control de Inmigración (ICE) la sacó del hospital y la devolvió al centro de detención.
“Hay mucha confusión sobre este caso”, reconoció Michelle Brané a El País, directora de derechos de inmigrantes y el programa de justicia para Women’s Refugee Commission. “Esto no debiera ocurrir, ICE debiera dejarla en libertad al cuidado de su familia, pero hemos visto situaciones similares con anterioridad y no me sorprende con esta Administración”, agregó.
La familia de Beltrán -ubicada en Nueva York- y sus abogados están pidiendo libertad condicional humanitaria. Según la información que entregaron a Associated Press, Beltrán solo está recibiendo un analgésico, Tylenol, para el dolor. “Este es el decimotercer día que no ha hecho la cirugía y no entendemos por qué. Ella no tiene días, tiene horas”, declaró la asistente paralegal del caso, Melissa Zúñiga.
La portavoz de ICE, Danielle Bennett, aseguró que “después de que su médico determinara que estaba estable, fue dada de alta del hospital y regresó a la custodia de ICE”. Además, especificó que Beltrán tiene una cita con un especialista el lunes 27 de febrero que determinará su estado, “mientras tanto el personal médico de ICE la mantiene bajo observación”, agregó.
Amnistía Internacional lanzó una campaña el 24 de febrero para que sus miembros llamen a ICE y demanden la liberación de la mujer, mientras se considera la apelación.
“¡ICE, ICE suéltala ahora!”, gritaban un grupo de manifestantes de Amnistía Internacional que se reunieron afuera de una de las oficinas de ICE en Nueva York el viernes. El caso de Beltrán ha despertado protestas aisladas y reclamos a través de los medios sociales, mientras organizaciones proinmigrantes tienen las manos llenas luchando en contra del fortalecimiento de la política migratoria bajo el liderazgo de Donald Trump.
La Casa Blanca ha advertido que se crearán más espacios de detención para agilizar las deportaciones y Trump prohibió la práctica de “catch and release”, que consistía en liberar a los indocumentados que no habían cometido delitos y no reportarlos a las autoridades de inmigración.
Según los récords de ICE, Beltrán entró a Estados Unidos por un sector cercano a Hidalgo, Texas el 7 de noviembre de 2015. El 26 de enero de 2017 un juez ordenó su deportación. Los abogados que apelaron su caso, alegan que estaba escapando violencia doméstica y otras amenazas.
