En el marco de un foro organizado por el grupo Colorado Sin Hambre, una coalición de 600 organizaciones civiles, dirigentes locales y nacionales analizaron esta semana en Denver el intento del Gobierno federal de restringir el acceso a los programas de ayudas que en octubre fue bloqueado temporalmente por varios jueces.
A pesar de ello, y según dijo a Efe Ellie Agar, portavoz de Colorado Sin Hambre, la “catarata” de medidas del Gobierno Trump para restringir la inmigración de bajos recursos ha generado “temor” entre las familias migrantes sobre el uso de programas de asistencia pública, incluyendo el de cupones de alimentos conocido como SNAP.
“Los cambios en las reglas son tan complicados que han tenido un efecto de enfriamiento entre los inmigrantes”, afirma el activista. “Ya no piden la ayuda para la que sí califican y que ellos necesitan para sí mismos y para sus familias”.
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Entre las personas que se abstienen a solicitar ayudas está una migrante mexicana que debido a su estatus irregular pidió ser identificada solo como “María”.
Ella y su familia pasaron de “tenerle miedo a la ‘Migra’ a tener miedo de pedir comida para que no le quede a un ‘récord’ a nuestros hijos, porque no queremos que ellos sean una carga para el Gobierno”.
Esto les genera suficientes ingresos para pagar la renta (alquiler) y otros gastos, pero no la alimentación de todos, incluyendo a su esposo y a sus tres hijos estadounidenses.
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“No somos una carga para el gobierno. Trabajamos duro como muchas otras personas. No robamos. Hacemos los impuestos. Queremos un futuro limpio para nuestros hijos y para nosotros también. Que el Gobierno sepa que no venimos aquí ni a pedir ni a quitar trabajos”, afirmó la inmigrante.
Aunque sus hijos califican para ayudas sociales, María prefiere incluso “recibir comida y ayuda de iglesias no católicas” antes de “tener que decir la verdad” para acceder a programas gubernamentales de asistencia.
En agosto, cuando se anunció la norma del Gobierno, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, explicó que, bajo esta nueva regla, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
La regla de “carga pública”, que estaba programada para entrar en vigencia el 15 de octubre, establecía así nuevos estándares para determinar quién podría convertirse en una carga para el erario público e impedía obtener la residencia permanente en el país a personas con bajos recursos.
Pero varios jueces bloquearon la medida cuatro días antes de esa fecha, aunque el temor permanece entre los migrantes y muchos optan por pasar hambre y no correr riesgos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que en la actualidad unos 15 millones de familias (aproximadamente 40 millones de personas, incluyendo 13 millones de niños) enfrentan el hambre en el país debido a pobreza o carencia de recursos.
Como comparación, las familias afectadas en 2008 eran 6,7 millones, aunque el porcentaje se mantiene prácticamente sin cambios, oscilando cerca del 16 % para las familias con niños.
Muestra de ello es un reciente reporte de la clínica Mountain Family Health, de Colorado, que indica que unos 1.000 migrantes que antes recibían tratamiento en ese establecimiento ya no lo hacen, a pesar de ser elegibles para esos programas. Y algo similar sucede con la participación en los programas de los bancos de comida.
Según Marco Grimaldo, subdirector de relaciones eclesiásticas de Bread for the World (Pan para el Mundo), los inmigrantes indocumentados son “especialmente vulnerables” a esos recortes.
“En Estados Unidos ni siquiera un trabajo de tiempo completo significa suficientes ingresos como para llevar comida nutritiva a la mesa”, subrayó.
