Economía

Puerto Rico en décimo lugar en condenas por corrupción en EE.UU.

(Prensa Latina) Puerto Rico ocupa hoy el décimo lugar con más convictos por corrupción a nivel federal en el periodo 2008-2017, de acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 

Al promediarse las condenas entre esos años, Puerto Rico tuvo la segunda tasa más alta de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, para 1,01 por ciento, solo superado por Washington D.C., con 4,52, publica el diario El Nuevo Día.

Los datos salen a relucir cuando el presidente Donald Trump ha alegado que Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo.

El documento, según una opinión periodística, refleja que más de una tercera parte de los 130 casos federales en esta isla del Caribe se resolvieron en un solo año, 2011.

Indicó que, en términos proporcionales, solo Washington D.C., que tuvo 279 casos de corrupción, tuvo una tasa por habitantes más alta que Puerto Rico.

‘Mi intuición es que, en los últimos 30 años, el FBI ha hecho su presencia en Puerto Rico 10 veces más grande que lo que tenía antes. Nadie sabe exactamente, pero deben tener 150 (agentes), lo que antes pasaba desapercibido, como las mordidas (sobornos), ahora el FBI lo captura’, indicó el analista político Ignacio Rivera, exfiscal federal.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones), además de haber expandido sus oficinas en diversos puntos del país, recibe ahora más referidos de los gobiernos en Puerto Rico, no solo el estatal sino también el municipal, explicó Rivera.

Los casos de corrupción que se presentan a nivel estatal son cada vez menos en comparación con los que pasan al foro federal en la isla.

El Departamento de Justicia federal presentó en 2017 cargos en Estados Unidos, Puerto Rico y los demás territorios en contra de 863 personas, de los cuales 383 eran funcionarios federales, 63 eran empleados estatales, 223 trabajaban para gobiernos de condado y municipales, y 194 eran ciudadanos privados, detalló El Nuevo Día.

Las condenas totalizaron 837, de las cuales 334 fueron contra empleados del gobierno federal.

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