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Proyecto sobre uso de la fuerza sin avances en Congreso de EE.UU.

(PL) El proyecto de Autorización del Uso de la Fuerza (AUMF) contra el Estado Islámico (EI) está hoy en un punto muerto en el Congreso estadounidense, en medio de la campaña para las elecciones de noviembre.
El presidente Barack Obama presentó en 2015 su propuesta de AUMF, la que líderes demócratas consideraron demasiado general pues según ellos dejaba abierta la posibilidad de que el país se involucre en otra guerra, mientras los republicanos la rechazaron bajo el argumento de que la iniciativa limitaba en exceso las opciones militares.

Algunos congresistas insisten en que debe quedar claro que Washington debe desplegar unidades terrestres en Siria a combatir el EI, pero el jefe de la Casa Blanca insiste en solo mantener allí un número limitado de efectivos, a pesar del rechazo del Gobierno de Damasco a esa decisión.

La intervención del Director Nacional de Inteligencia James Clapper este martes ante el Comité de Servicios Armados del Senado, es otra oportunidad para que la administración Obama impulse el tema y a la vez exponga sus argumentos sobre la forma en que pretende dedicar en el año fiscal 2017 más de siete mil 500 millones de dólares a la campaña contra el EI.

Los republicanos, en su afán por dibujar una imagen de debilidad del gobernante frente a los extremistas en el Medio Oriente, presentan diversas valoraciones, y sus precandidatos a las presidenciales de noviembre esbozan lo que harían contra los fundamentalistas en caso de que alcancen la jefatura de la Oficina Oval.

El senador Ted Cruz, por ejemplo, promete la destrucción total de las unidades del EI en Iraq y Siria e incluso un bombardeo extensivo o de alfombra, sin valorar los posibles daños a la población civil, mientras Marco Rubio prometió aplastar a ese grupo extremista con una mezcla de fuerza y diplomacia, pero según expertos sin un plan integral ni definido.

El multimillonario y también aspirante republicano Donald Trump, quien lidera las preferencias de los posibles electores de su agrupación política, asegura que él es el más adecuado para dirigir esa lucha cuando ocupe la jefatura de la Casa Blanca.

A pesar de esta retórica “agresiva” de quienes aspiran a dirigir los destinos de Estados Unidos, los congresistas del partido rojo no muestran disposición a aprobar ni siquiera la versión más agresiva de la AUMF, patrocinada por el senador republicano Lindsey Graham y que otorga al Presidente amplios poderes para utilizar la fuerza.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dio el visto bueno a la propuesta de Graham, que otorga un permiso de amplio alcance a Obama para emplear el poderío bélico, pero este fin de semana otros líderes republicanos aclararon que no habrá una votación sobre el tema en el futuro cercano.

Al respecto, el experto en asuntos del Medio Oriente Jonathan Greenberg señala este martes en el diario The Hill que, de hecho, el gobernante tiene una estrategia definida y utiliza una ley aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, por lo que los republicanos deben detener sus acciones o simplemente apoyarlo con un plan concreto.

Greenberg llega a la conclusión de que el Congreso debe hacer su trabajo y aprobar un proyecto que permita a los candidatos presidenciales debatirlo para que los electores conozcan sus posiciones y voten por quien les presente la mejor opción en la lucha contra los fundamentalistas.

El nuevo jefe de la Casa Blanca que asuma en enero de 2017 debe disponer de un instrumento legal claro para proseguir esta guerra, concluye el experto.

Al respecto, en algunos círculos políticos estadounidenses se manejan versiones de una posible extensión de las operaciones de la coalición militar liderada por Washington a otras naciones del orbe, en particular a Libia.

De cualquier manera, con o sin una AUMF, Estados Unidos y sus aliados prosiguen la campaña contra los terroristas, iniciada en agosto de 2014 en territorio iraquí y que se extendió en septiembre del mismo año a suelo sirio, contra la voluntad de las autoridades de Damasco y que cuesta a los contribuyentes estadounidenses más de 11 millones de dólares diariamente.

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