Opinión

Por el mantenimiento del orden institucional después de las elecciones

El principal candidato de la oposición, Luis Abinader, ha emitido una declaración condenando las irregularidades del proceso electoral, la compra de cédulas, el favoritismo del presidente de la Junta Central Electoral, el uso de los recursos públicos en la campaña para favorecer la reelección, y ha concluido que con sus aliados lucharán en la defensa de los votos en todo el territorio nacional, emitidos a favor de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores, y que los mismos deberán ser contados a mano.

Aunque no produjo un reconocimiento explícito del triunfo del candidato presidencial a la reelección, Danilo Medina, en sus palabras dejó entrever la admisión del resultado electoral presidencial, y que a partir de ahora comienza una nueva jornada para enfrentar las acciones del gobierno 2016-2020 que no se correspondan con las aspiraciones y deseo de superación del pueblo dominicano.

El discurso de Luis Abinader fue firme en su rechazo a los métodos utilizados por el PLD y el gobierno para quedarse con el control de los poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo), y por vía de consecuencia reafirmar el control de Danilo Medina sobre el otro poder (judicial), con el que también se reafirma el presidencialismo del sistema democrático dominicano.

Lo deseable es que los procesos electorales sean transparentes, y que nadie tenga derecho a reclamar justicia y equidad, porque en la organización y puesta en marcha del derecho al voto se haya actuado precisamente como manda la ley. No es lo que ha ocurrido.

El informe de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, a la cabeza del cual estuvo el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, fue claro en criticar el desacierto de la JCE al imponer una nueva tecnología precipitada y sin el consenso de los partidos políticos. Eso se pone en ejecución de forma paulatina, dice el informe, e siempre sobre la base del consenso con los actores del proceso electoral.

Hay que corregir estos errores, que se vieron en forma contundente el día de las elecciones. Es tal el grado de desorganización que la emisión de los boletines es cada día más lento, porque probablemente no se encuentran o no existen las actas concluyentes, y en hay varios municipios donde existe una batalla muy agresiva por el conteo de los votos decisivos para diferenciar las candidaturas ganadoras de aquellas que se encuentran muy pegadas, con diferencias de pocos votos entre sí. La JCE debe tomar medidas urgentes en esos casos, como ocurre en El Peñón y en Pescadería de Barahona, donde miembros del Ejército Nacional han tenido que tomar en sus manos la Junta Electoral.

Tomando en cuenta el discurso de Luis Abinader, las denuncias que se han presentado de varios partidos y candidatos, más las actas que comienzan a circular en donde se observan alteraciones significativas de votos a favor de los candidatos provinciales y municipales del partido de gobierno, lo correcto es que se asuma con responsabilidad la autoridad y el control, y que se actúe con la justicia que los casos demandan. Los oficiales electorales no pueden asumir con favoritismo su labor, y más si se trata de representantes pseudo estatales, que tienen propósitos políticos deliberados en el desempeño de su labor.

Que la JCE le evite una tragedia más a la sociedad, y que se asuma con altura la corrección de los casos que resultan flagrantes violaciones. Las muestras gráficas de compras de votos, entrega de dinero, utilización de los cuerpos militares y de la policía nacional, el apresamiento de opositores, son actos que indignan y activan el interés violento de ciertos sectores. Eso debe ser evitado. Y asumir que Luis Abinader, como cabeza de la oposición, de hecho, está lanzando un llamado al mantenimiento del orden institucional después de las elecciones.

Por acento.com.do

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