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Junta marcaría una nueva etapa en la relación con EE.UU.

WASHINGTON – El acuerdo bipartidista entre el liderato de la Cámara de Representantes de EE.UU. para aprobar un proyecto que impone una autoridad federal fiscal por encima de los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico y establece el procedimiento hacia la reestructuración de la deuda pública salió ileso del Comité de Recursos Naturales.

Pero la legislación –que como consecuencia del poder de la junta de control fiscal sobre las operaciones rutinarias del  Gobierno electo de la Isla marcaría una nueva etapa en las relaciones entre Puerto Rico y EE.UU.– se enfrentará a nuevas enmiendas en el pleno de la Cámara, probablemente temprano en junio.

“Es importante que vayamos a través del trámite regular para aprobar  nuestra legislación bipartidista que protege al contribuyente estadounidense”, indicó el speaker Paul Ryan.

Con sus expresiones, Ryan calmó a los que pensaban que buscaría aprobar la legislación bajo suspensión de las reglas, evitando enmiendas que pudieran quebrar el consenso alcanzado por los líderes republicanos y demócratas de la Cámara baja.

El líder cameral hizo sus comentarios momentos después de haber concluido la sesión de votación del Comité de Recursos Naturales, que ratificó (29-10) el proyecto 5278.   Tanto el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, como el republicano boricua Raúl Labrador (Idaho) votaron a favor.

La clara mayoría de los miembros del comité –formado por 26 republicanos y 18 demócratas– mantuvo intacto el poder de la junta sobre el Gobierno de Puerto Rico y la autoridad conferida a los siete miembros con derecho al voto para iniciar procesos de reestructuración de deuda, primero de forma voluntaria y, si fuera necesario, por la vía judicial.

Fuerte control

Los poderes de la junta para decidir planes fiscales, presupuesto, revisar leyes y permitir pasar por encima de normas de la Isla para proyectos de emergencia, siguen en la legislación.

Tampoco se alteraron los poderes que se concede a los siete miembros de la junta, que serían designados por el presidente de EE.UU. –cuatro de ellos recomendados por el liderato republicano– para reestructurar la deuda pública.

Una enmienda del propio presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), volvió a ubicar al gobernador de Puerto Rico como miembro con voz pero sin voto de la propuesta junta.

“Solo el Congreso le puede ofrecer las herramientas necesarias a Puerto Rico para resolver la crisis fiscal y deuda pública que pesa por encima de su economía, sus familias y su futuro. Ahora que un compromiso bipartidista ha sido aprobado en el comité, es nuestra esperanza de que podamos actuar con rapidez en el pleno de la Cámara y hacia la aprobación de la legislación”, indicó la portavoz de la minoría cameral, Nancy Pelosi, también satisfecha por la votación.

Entre las enmiendas, el Comité amplió  la encomienda que se da a un grupo de trabajo bipartidista y bicameral para estudiar alternativas de desarrollo económico para la Isla.

Por medio de enmiendas impulsadas por los  demócratas Rubén Gallego (Arizona) y  Jarred Polis (Colorado), respectivamente,  se incluyó  entre las tareas  del grupo de trabajo el examen de la inequidad en el acceso a los programas federales  de salud y se ordenó que  el informe de la comisión esté listo  para mediados de septiembre, no para finales de 2016, como requería antes la legislación.

Otra enmienda aprobada, presentada por el  republicano Tom MacArtur (Nueva Jersey)  y solicitada por la Coalición del Sector Privado,  expresaría  el sentir del Congreso para que esa comisión bipartidista considere iniciativas “pro crecimiento económico”.

La enmienda de Gallego a favor de examinar la inequidad en los programas federales de salud fue aprobada por la mínima diferencia (19-18) y contó con el rechazo del republicano  Labrador, quien consideró que se vería como “el camino hacia un rescate financiero”. El comisionado Pierluisi, por su parte, respondió a Labrador que el acceso limitado a los programas federales de salud “es parte del problema” económico.

Republicanos conservadores, sobre todo John Fleming (Luisiana) y Tom McClintock (California), buscaron aguar el poder de reestructuración.

Por un lado, a Fleming le derrotaron (26-12) una enmienda dirigida a cancelar la vigencia del 5278 hasta que el Tesoro hiciera  permanente el crédito federal por el impuesto sobre las ventas que  impuso el Gobierno de Puerto Rico en 2010 a las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), y que le deja a la Isla alrededor de $1,900 millones.

El ambiente a favor de la legislación quedó confirmado cuando el Comité derrotó otra enmienda de Fleming (33-6) dirigida a tachar  del proyecto la moratoria en el cobro de deudas del Gobierno de Puerto Rico, que bajo la medida estará vigente por lo menos hasta el 15 de febrero de 2017. Su colega  Labrador se opuso.

Enmiendas de McClintock y Fleming para excluir los bonos de obligaciones generales de un eventual proceso de reestructuración o fortalecer el lenguaje que reconoce la prioridad en el pago que les otorga la Constitución de Puerto Rico, también fueron derrotadas, 27-12 y a viva voz, respectivamente.

Bishop mantuvo que una cosa es validar la prioridad que puedan tener ciertos bonos, pero rechazó declarar algunos “sacrosantos” y en obvia  referencia también a la deuda de Cofina, mantuvo que la junta deberá hacer auditorías y decidir si algunas de las obligaciones han excedido el mandato constitucional de que la deuda no supere el 15% de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico.

Aunque no descartó traerla de nuevo en el hemiciclo, el congresista Labrador retiró una enmienda que hubiese alterado el lenguaje sobre el pago de la deuda de los sistemas de pensiones públicos.

Tampoco prosperaron esfuerzos demócratas por eliminar lenguaje que reduce beneficios laborales.

El Comité de Recursos Naturales aprobó, sin embargo, una enmienda del republicano Garret Graves (Luisiana) que prohíbe cualquier asignación de fondos federales adicionales por medio del proyecto 5278. “Quiero estar seguro de que cuando vaya a casa, puedo decir que no habrá un rescate financiero”, indicó Graves.

Una propuesta de Graves ordena a la junta federal de control fiscal investigar cómo se hicieron las ventas de los bonos del Gobierno de la Isla

Consulta

Los miembros de la comisión derrotaron también una enmienda que hubiese permitido eliminar la junta federal de control fiscal en dos años y otra que habría condicionado la vigencia de la ley a que fuese ratificada por el Gobierno de Puerto Rico. Esas dos iniciativas fueron combatidas por  el comisionado  Pierluisi, pues consideró que buscaban  descarrilar  la legislación.

“Es vergonzoso que se cree una junta para ‘supervisar’ el  Gobierno de Puerto Rico. Pensando en el bienestar de todos los puertorriqueños y residentes de Puerto Rico he decidido que esta legislación hay que apoyarla para que el gobierno  tenga un mecanismo amplio, ordenado, de reestructuración de deuda”, indicó Pierluisi.

Ante las críticas que  se le hacen al proyecto por respaldar limitar más el espacio de gobierno local, Pierluisi  –quien aspira a ser el gobernador de la Isla– sostuvo que “Puerto Rico  no ha cedido ni perdido nada, pues nunca hemos sido soberanos”.

En los mismos días en que defiende el proyecto que limita más la democracia electoral en  Puerto Rico, el gobierno del presidente Barack Obama ha denunciado un proyecto republicano que busca quitarle a Washington D.C. el control sobre sus recaudos fiscales, por entender que “es una afrenta a sus residentes y a los líderes electos del distrito”.

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