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Gobierno español activa laudo para poner fin a huelga aeroportuaria

(PL) El gobierno español puso hoy en marcha un laudo arbitral de obligado cumplimiento para acabar con la huelga indefinida iniciada el lunes por los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona.

 

La disposición fue anunciada por el ministro de Fomento Íñigo de la Serna tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que analizó la situación creada en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat por la protesta de los vigilantes.

Desde el gubernamental Palacio de La Moncloa, De la Serna explicó en rueda de prensa que las partes -los empleados y la empresa privada Eulen- tendrán un plazo máximo de 24 horas, desde la notificación del acuerdo, para elegir a un mediador.

De no conseguirlo, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy asignará a un árbitro en las 24 horas siguientes, que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones y se adoptará una decisión en un plazo máximo de 10 días.

Según el ministro, la decisión de recurrir al arbitraje se adoptó al concurrir una serie de ‘circunstancias’.

Entre ellas mencionó la duración de la huelga -comenzó el 4 de agosto con cinco jornadas de paros parciales- y las posiciones irreconciliables mantenidas durante el proceso de mediación por los empleados y el consorcio encargado de la seguridad en El Prat.

La convocatoria del consejo extraordinario se produjo después que el gobierno incrementó el lunes la presencia de efectivos de la Guardia Civil en los filtros de embarque en el aeropuerto barcelonés, el de mayor tránsito del país después del de Madrid.

Por tercer día consecutivo, los agentes del cuerpo policial participaron hoy en las tareas de revisión de equipajes y control del arco de metales, compartiendo con los trabajadores labores ejecutivas y no solo de vigilancia, como solían hacer antes de los paros.

Los huelguistas denuncian la falta de efectivos y la sobrecarga de trabajo de los empleados de Eulen, en una terminal aérea por la que circulan unos 44 millones de pasajeros al año.

El asesor del comité de huelga, Leopoldo García denunció la arrogancia del titular de Fomento, ‘absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático’, al imponer el laudo arbitral.

A su juicio, no se dan las condiciones para un arbitraje obligatorio mientras no se quiebren los servicios mínimos’, fijados en un 90 por ciento, un porcentaje que calificó de abusivo.

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